Uno de los organismos del Estado que con mayor facilidad permite calificar su trabajo es el Legislativo, y este se puede reducir a un término: mediocre, pues con cada decreto que aprueba, rápidamente surgen acciones en contra y finalmente los desaciertos deben ser corregidos, como ya se ha vuelto rutinario, por la Corte de Constitucionalidad.

Esto es lo que ocurre nuevamente con la Ley de Tarjetas de Crédito, que ha quedado suspendida, y aunque el fallo es provisional, todo apunta a que esa resolución será definitiva.

Los diputados que bajo el pretexto de pretender ayudar a los tarjetahabientes incluyeron sus propios caprichos en esa iniciativa son ahora los responsables de que las pretendidas sanciones contra abusadores de los tarjetahabientes queden anuladas, y con ello se revive el riesgo de que se reactiven muchas de esas tropelías.

Todo esto tiene su origen, como también ha ocurrido con la anterior y la actual legislaturas, por la inmadurez y la ligereza con que actúan los diputados, que abusan de sus cargos, introduciendo enmiendas no consensuadas de última hora que al final se convierten en trampas que echan a perder normativas que son necesarias.

Los diputados deben tener claro que su principal función es la promulgación de leyes, y para ello solo se requiere un mínimo de conocimiento y responsabilidad, para que sus acciones no se conviertan en actos de obstinación que no reivindican a nadie.

Una ley como la citada hoy merece una profunda reflexión y la más amplia búsqueda de consensos, porque se pretende regular una de las más importantes actividades económicas de las sociedades modernas, y eso debe estar desprovisto de veleidades personales.

Por eso es imperdonable que los diputados utilicen su privilegio legislativo para ignorar nuestra ley suprema, que claramente establece que se deben requerir los dictámenes respectivos a las entidades responsables, derecho y obligación que en este caso correspondían al Banco de Guatemala y a la Junta Monetaria.

Todo apunta a un nuevo fiasco para el Congreso y parece previsible que la suspendida ley también desaparecerá del ordenamiento jurídico nacional, como acaba de ocurrir con la de telecomunicaciones, por sus arbitrariedades y abusos, los cuales claramente se deben evitar, pero esto se tiene que hacer sin incurrir en nuevas extralimitaciones.

No es con arrebatos populistas ni con abuso de poder como se corregirán estas arbitrariedades, y lo que corresponde ahora es que los diputados enmienden la plana a la mayor brevedad, derogando este entuerto y promulgando un nuevo decreto que se apegue a la legalidad y que logre plasmar de manera equilibrada las inquietudes de empresarios y usuarios.

El debate generado durante las últimas semanas en torno a esta polémica ley ha puesto sobre el tapete la necesidad de crear un cuerpo normativo que fije límites razonables para evitar cualquier abuso hacia tarjetahabientes, pero para eso se debe escuchar a todos los involucrados y, sobre todo, a quienes por ley tienen el derecho y responsabilidad de dictaminar lo pertinente.