La corrupción y la impunidad en Guatemala no son flagelos nuevos, los primeros casos datan de la invasión y colonización española, donde encomenderos, autoridades coloniales y el clero se valieron de subterfugios legales para explotar y despojar legal e ilegalmente, pero siempre ilegítimamente, a los pueblos maya y xinca de sus territorios y fuerza de trabajo; la Corona española fungía como cómplice de estas fechorías, pues recibía los respectivos tributos y se desentendía de las vejaciones y abusos de autoridad de este régimen de dominación.

Después de la independencia de España, la oligarquía criolla se hizo con el poder político y económico, y continuó con las políticas coloniales de expropio y expolio, que son, por así decirle, la expresión de la corrupción originaria. Es el robo que da lugar a la formación de un Estado hegemónico, racista y excluyente, que sistemáticamente niega los derechos sociales, políticos y económicos porque esa es la manera de conservar el statu quo —o sea lo robado y lo que se sigue robando— en manos de un pequeño grupo.

Para evitar cualquier acto de transgresión al sistema impuesto, se institucionalizaron las dictaduras militares caracterizadas por ser conservadoras, corruptas y contrainsurgentes. Por eso, cuando en la década de 1960, las comunidades campesinas mayas organizadas o no, sindicalistas, estudiantes, profesionales universitarios, empezaron a cuestionar, denunciar y oponerse a las políticas de expolio, al régimen de trabajo extenuante con salarios miserables, la respuesta estatal fue la brutal represión que duró más de 36 años.

El terrorismo de Estado se agudizó cuando en marzo de 1982 se produjo el golpe de Estado contra el gobierno del dictador y genocida Fernando Romeo Lucas García. Entre los militares golpistas se encontraba el militar José Efraín Ríos Montt. A los pocos meses, Ríos Montt se autoproclamó presidente de la república y aseguró que su gobierno lucharía contra la corrupción y que democratizaría el país. Nada de eso sucedió, entre 1982 y 1983, él puso en marcha las políticas genocidas más cruentas en la historia de Guatemala, especialmente contra el Pueblo Maya.

El genocidio y los delitos contra los deberes de la humanidad que el gobierno de Ríos Montt cometió contra el pueblo maya ixil y el resto de pueblos mayas continúan impunes. La sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Mayor Riesgo A, presidido por las juezas Yassmín Barrios Aguilar, Patricia Bustamante García y el juez Pablo Xitumul de Paz, fue anulada pocos días después por la Corte de Constitucionalidad. Este es un ejemplo reciente de cómo los poderes fácticos pululan en las instituciones privadas y han secuestrado a las instancias del Estado. El hecho de que haya jueces o juezas serviles muestra que hay una estrecha relación entre corrupción, impunidad, represión y violaciones a los derechos humanos en Guatemala.

Por eso las organizaciones del crimen organizado desarticuladas —y las que desarticularán la Cicig y el Ministerio Público— datan de mucho tiempo atrás y han sido y son las causantes de las injusticias sociales, políticas y económicas en Guatemala.