Y no podía ser de otra manera, porque en la región había una relevante presencia de diferentes tipos de gobiernos autoritarios. Con la caída de Somoza, en 1979, inicia un período de democratización del subcontinente que conduce a la firma de la Carta Democrática Interamericana en el 2001. Pero a partir de esa fecha se da un retroceso en ese proceso democratizador. Recordemos que el gobierno de Chávez en la III Cumbre de las Américas en abril del 2001 se desmarcó de la declaración final del encuentro al expresar reservas con relación a la “cláusula democrática”. La reciente reunión del Consejo Permanente de la OEA y el debate sobre la situación venezolana demuestra que los gobiernos actúan según sus intereses y orientaciones ideológicas, por tanto no se puede pedir a la OEA lo que la OEA no puede dar. Entre los países del Alba y los que reciben petróleo subsidiado venezolano hay una clara mayoría numérica. De todas maneras, lo importante es que las evidentes y sistemáticas violaciones de la democracia y de los derechos humanos, por el gobierno de Maduro, han sido expuestas ante la opinión pública mundial.

Ahora bien, frente a la grave represión que el gobierno venezolano ha dirigido contra las manifestaciones pacíficas, que les ha costado la vida a 39 personas, con decenas de heridos, de torturados y más de un millar de detenidos, la comunidad internacional, con sus diferentes posiciones, ha coincidido en el mensaje de llamar a un necesario diálogo entre los venezolanos. Por eso el gobierno ha reaccionado con un improvisado proceso, calificado de “Conferencia Nacional de Paz”, en el cual el gobierno, sentado en un presídium, escucha y comenta los discursos de personas, algunas representativas, como las del sector empresarial, otras en cambio no representan a nadie.

Una misión de cancilleres de Unasur viajó a Venezuela “para propiciar un diálogo entre el gobierno, todas las fuerzas políticas y actores sociales, con el fin de lograr un acuerdo que contribuya al entendimiento y la paz social”. La delegación de los cancilleres se reunió con varios sectores de la sociedad venezolana, incluyendo a la Mesa de Unidad Democrática (MUD), que reúne a los partidos de la oposición.

Los cancilleres manifestaron que es necesario el diálogo entre las partes para superar la grave crisis venezolana y designaron una comisión de tres, integrada por Colombia, Brasil y Ecuador, para hacerle seguimiento al proceso. Sin embargo, la arbitraria e inconstitucional expulsión de la diputada opositora Machado de la Asamblea Nacional y el encarcelamiento ilegal y abusivo de varios alcaldes de la oposición demuestran la falta de voluntad política del gobierno para un verdadero diálogo con la oposición. La comunidad democrática internacional debe mantener su presión sobre el cada vez más despótico gobierno venezolano. Vigilia pretium libertatis.