Ya pasaron cuatro años de burocracia legal y la justicia no llega. Dijeron que los dos jóvenes y la jovencita se habían ahogado, pero hay evidencias que apuntan en otra dirección. Quisieron inventar que la culpa había sido de los jóvenes, pero los tres eran sanos, tranquilos, e incluso un par de ellos, deportistas. Sus padres y madres han sentido que cuatro años pueden pesar más que cuatro siglos, y que todos los sueños, los desvelos y el amor que pusieron en criarlos se fueron a algún lugar inasible cuando les avisaron de su muerte, justo un 31 de marzo.

El caso de los estudiantes de la Universidad del Valle (UVG), Nahomy Lara, Ángel Rodolfo de León y Juan Carlos Velásquez, que murieron aquella noche en las instalaciones de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) en el Estor (Izabal), tiende muchos velos, contradicciones y silencios sobre lo evidente. Y aunque hay una serie de procedimientos “legales” alrededor del caso, todos evidencian vicios, manipulaciones y tácticas dilatorias. Hoy, cuatro años después, no se ha llegado a juicio, debido a varios amparos interpuestos, conocidos y resueltos en la Sala de Zacapa, que están en su fase de apelación en la Corte de Constitucionalidad.

Es difícil explicarse el silencio de las autoridades de la UVG. (Y por favor, separemos como adultos su calidad educativa del deber-ser de un actuar administrativo, profesional, ético y humano). En un país civilizado esto habría obligado a pedirle cuentas a sus autoridades educativas. La esencia de un centro educativo, sobre todo la de uno de estudios superiores, es llegar a la verdad a través del conocimiento. Es trasladarle a los estudiantes la ética y los valores que deberían regir su mundo adulto. Lo correcto habría sido reunirse con los padres al instante de conocerse el hecho, ofrecer información constante y probada a la sociedad, e incluso respaldar las investigaciones. Pero si el criterio fue el de encubrir, entorpecer las investigaciones y no interferir, termina una hasta preguntándose si los silencios son moneda de cambio.

En el caso de la CGN, directamente implicada en este caso, la pregunta es ¿por qué entorpecer un caso si no se tiene ninguna responsabilidad en él? Si hay culpables, lo más sencillo y redituable en términos de credibilidad habría sido que estos fueran puestos a disposición del sistema de justicia y se asumieran las consecuencias. Porque cuando se encubren culpables, la palabra que toca usar es complicidad. Sucedió allí, con gente de allí, y hay muchas declaraciones iniciales que no coinciden con las evidencias forenses que se han ido recabando a lo largo del proceso.

Los padres y madres de estos tres jóvenes tienen principios (demás está decir “no negociables”), y no se rendirán en su búsqueda por la justicia. (¿O qué haría usted?) Pero resulta ofensivo y desgastante que, respondiendo a criterios parcializados del juez a favor de la CGN y la UVG, no se haya aún impartido justicia. Ese funcionario de justicia había, incluso, autorizado las exhumaciones para después cancelarlas, lo cual obligó al Ministerio Público a plantear un amparo para poder realizarlas, siendo que es el juez quien tiene la obligación de autorizar actos que conduzcan a la verdad. ¿Más? Un juez que tenía señalamientos en Villa Nueva, en vez de ser retirado y juzgado, es enviado como juez de primera instancia a Puerto Barrios, en donde se ventilan casos de alto impacto. Además, en Zacapa hay un presidente de sala que fue juez militar. Son esas las manos responsables de aplicar justicia en este y otros casos. ¿Hablamos de independencia judicial? ¿Qué tiene de parecido este caso con el de las violaciones en el Hall? ¿Tan difícil es ser ético y justo en esta Guatemala? Y seguimos derrotando a la esperanza….