El siglo pasado surgieron teorías que con el pretexto de ayudar a los más pobres destruyeron la base misma del bienestar y del derecho, entregando la riqueza y el poder a los gobernantes en el sistema socialista y a los potentados en el capitalista; unos se olvidaron que uno de los bienes más preciados es la libertad y los otros que los demás también tienen el derecho y deberían tener la oportunidad de ser accionistas de empresas, con el beneficio de la participación empresarial.

Los gobernantes socialistas viven con gran riqueza y limitan la libertad, mientras la población se mantiene bajo un régimen de terror y de gran pobreza; en el sistema capitalista, quienes tienen el control, son aquellos que con gran poder económico llegan a sentirse dueños del país y a decidir quién debe gobernar; a muchos no les importa apoyar en las elecciones a candidatos ineptos, lo que buscan es lograr a través de proteccionismos especiales, la garantía de obtener los mayores beneficios para sus empresas.

Así vemos cómo hay potentados que apoyan a ciertos partidos, a pesar de que es vox pópuli que sus dirigentes o candidatos son corruptos, que han ordenado asesinatos o que son financiados por el narcotráfico. Algunos no tienen empacho en financiar, participar como candidatos o en asistir a fiestas dadas por candidatos con mala fama o por quienes los apoyan.

No se dan cuenta que con la incapacidad de los gobernantes, la población crece en forma exponencial, duplicando el número de personas cada 27 años y que la pobreza de gran parte de los habitantes se proyecta hacia la miseria; luego, cuando se llegue al límite de la desesperación, surgirán líderes que convencerán a los pobres, en el campo económico y principalmente en el educativo, a elegir “el camino de la servidumbre”, como diría el premio Nobel en Economía Friedrich A. von Hayek.

Los habitantes de una sociedad en todos los niveles económicos deben tener presente que para adquirir los derechos y beneficios tienen que llenar requisitos, ello implica que hay compromisos que se deben cumplir para contribuir con el bienestar general.

El principal es la educación, que debe ser obligatoria para todos, tenemos 1,300,000 adultos analfabetas; yo estuve en la delegación guatemalteca en la ciudad de México, en mayo del 2009, en la reunión previa a Confintea VI, para la región de América Latina y del Caribe, en la cual la Sra. ministra de Educación, Lic. Ana de Molina, firmó el compromiso de dar 13 años de estudio a todos los guatemaltecos.

El compromiso de dar la educación no es solo del Gobierno, es de todos los adultos tener el equivalente a 13 años de estudio, sin importar la edad. Debería ser obligación para todos estudiar y exigir al Estado esos años de estudio.

Es posible tener el país libre de analfabetismo en 2019, en cuyas elecciones deberían votar solo los alfabetas; en el 2023, los que tuvieran primaria, lográndolo apoyados en la “educación acelerada”; y en el 2027, quienes tuvieran el equivalente a 13 años de estudio, con títulos de: maestro, secundaria, agrícola, técnica, arte, cocina, deporte, etc.

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