Dos noticias del ámbito judicial agitaron las aguas los últimos días y deben tomarse en cuenta como elementos importantes en el análisis coyuntural. La primera fue la captura de más personas relacionadas con corrupción y evasión fiscal, en su mayoría trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

La segunda fue la decisión de un juez de ligar a proceso a la anterior junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para continuar el juicio por las irregularidades en la contratación de servicios de hemodiálisis en el caso Pisa, que dejó varios pacientes muertos y enfermos graves.

Ambas decisiones tienen en común ser esperadas luego del descubrimiento de la estructura de defraudación aduanera identificada por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala como La Línea, así como por quienes siguen de cerca lo actuado por el otrora todopoderoso presidente del IGSS Juan de Dios Rodríguez, mano derecha de Otto Pérez Molina y de Roxana Baldetti. El caso debe ser ampliamente ventilado porque varios de los pacientes renales afectados fallecieron.

Coinciden los criterios de que la justicia debe avanzar hoy en día con la certeza de que es necesario combatir la impunidad, porque hay procesos encaminados cuya resolución no puede esperar. Son pasos inevitables que la justicia debe dar porque a pesar de lo ocurrido en el país desde mayo pasado, la corrupción amenaza con empeorar.

Funcionarios, empresarios y, en general, quienes delinquen pero no enfrentan a la justicia por complicidades diversas, deben temer la acción de la justicia guatemalteca porque esta logra con pasos como los citados demostrar que puede funcionar. Claro, ni todas las estructuras ni todos los personajes del sistema judicial están en la misma sintonía, pero poco a poco tendrán que cumplir a cabalidad con la delicada misión de impartir justicia en forma objetiva, oportuna y enmarcada en la ley.

Respecto de las nuevas detenciones en la SAT, es válido el comentario ampliamente difundido de que, aunque los señalamientos de defraudación al fisco y evasión fiscal han alcanzado esta vez al representante de una importante firma, siguen sin aparecer empresas y personas que, según la leyenda urbana, fueron y continúan siendo beneficiadas con la poderosa red de evasión fiscal establecida en el sistema aduanero del país.

Tras la captura del representante legal de una empresa de trascendencia internacional, el nivel ha variado en esta persecución.

Ahora ya no se trata de comerciantes extranjeros y pequeños importadores de chancletas y vasos que están en el banquillo de los acusados, sino que el trabajo de la Cicig y el Ministerio Público está subiendo en la pirámide de defraudadores.

Esas últimas acciones pueden presagiar una nueva etapa en la persecución de esta clase de delitos, amén de sacar a luz pública lo que en su momento fue denunciado como La Línea 2, estructura que, sin duda, existe pero que al parecer comienza a ser revelada públicamente y procesada por el sistema judicial guatemalteco.