y elevó los niveles de crisis a tal punto que hoy debemos lamentar asesinatos y persecución de pobladores y dirigentes, así como la ruptura del tejido social.

En términos de memoria histórica y justicia de transición, es preciso reconocer la valentía de las víctimas sobrevivientes del genocidio en el área ixil y de sus familiares, el papel crucial de las organizaciones que se constituyeron en querellantes adhesivos, del Ministerio Público que condujo la acusación y de los integrantes del Tribunal A de Mayor Riesgo que dictaron una sentencia condenatoria, apegada a Derecho. El solo hecho de sentar frente a la justicia al responsable del genocidio y escuchar los testimonios de las y los testigos cambió para siempre el curso de la historia de este país, le pese a quien le pese.

Lamentable, el papel de Pérez Molina y del titular de la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos, Antonio Arenales Forno, de negar el genocidio e impulsar a toda costa la amnistía, del sector privado organizado al presionar a la justicia y promover una campaña política y de opinión pública para descalificar al Tribunal y a la Fiscalía, y vender la idea que con una sentencia condenatoria todos nos convertíamos indefectiblemente en genocidas. De la mayoría de medios de comunicación que privilegiaron la cobertura al litigio malicioso de la defensa frente a los testimonios de las víctimas; y penoso y devastador el voto de tres magistrados constitucionales que anularon la sentencia, respondiendo a intereses ajenos a los de la impartición de justicia.

Este año también demostró que la mano dura no resuelve los problemas de inseguridad y violencia. Las cifras de asesinatos se mantuvieron mínimamente por debajo de los niveles del 2012, y siguen siendo inaceptables. La realidad confirma que la represión como único camino para atacar el problema es insuficiente. La inexistencia de políticas sociales y de combate a la desigualdad nos tiene, nuevamente, entre los países más violentos del mundo. La constante deslegitimación de la fuerza civil frente a la militar y la preponderancia de las agencias privadas de seguridad —que triplican a los efectivos de la PNC— nos hablan de una estrategia equivocada que será otra vez, un fracaso.

Y qué decir de la corrupción, de la cooptación de los funcionarios y políticos por el crimen organizado y el narcotráfico, de las muertes violentas de mujeres, de los embarazos en niñas y adolescentes, de la pobreza extrema que agobia a la mayoría… y del poder real que ejerce un reducido grupo de conciudadanos para que nada cambie y se mantenga, como siempre, este desbalance.