En Guatemala, a los 20 años de la firma de la paz todavía padecemos problemas fundamentales, y es que nunca fuimos efectivos en el fortalecimiento del Estado, de la justicia y la democracia.

Un proceso de paz exitoso, con 12 acuerdos bien elaborados, constituía una agenda básica de nación, pero necesitaban y necesitan aún un Estado sólido y una ciudadanía consciente y activa que los hiciera realidad.

Con el tiempo tuvimos que reconocer que nuestro sistema de justicia seguía débil y por eso propusimos la iniciativa de Cicig para fortalecer la lucha contra la impunidad, y en este último año quedó claro que no hemos logrado generar un sistema en el gobierno e instituciones del Estado que garantice la transparencia y la efectividad de la democracia, lo que provocó la indignación y las movilizaciones masivas de la población. Este año empezamos con muchas expectativas, reconociendo que el tema de la impunidad sigue siendo un tema central del pasado y del presente, de casos contra la corrupción como de violaciones de Derechos Humanos, y en el futuro deberá ser por evasión fiscal. La justicia es una, se aplica a todos los temas, debe ser accesible y aplicarse con igualdad para todas las personas y no tiene ni ideología ni temporalidad. Es por eso que felicitamos la gran iniciativa del “Pacto Nacional por la Justicia”, que se lanzó ayer ante el Congreso de la República, respondiendo a las aspiraciones del pueblo de Guatemala y con el apoyo decisivo de 6 instituciones. Esta iniciativa de la PDH, del MP y la CSJ, con el apoyo de Cicig, la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos en Guatemala, se plantea en un momento de urgencia nacional y con una coyuntura oportuna por la conciencia y participación ciudadana, y demanda el apoyo de todos quienes creemos en una Guatemala mejor y sin impunidad. Es impostergable la reforma a la LEPP para lograr construir un sistema verdaderamente democrático, y no únicamente de nombre para justificar partidos y procesos electorales.

Las dos reformas son diferentes en objetivo y contenido, pero ambas coinciden en la necesidad de democratizar al país.

El sistema político, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo han sido conmocionados por la denuncia de la población y la exigencia de transparencia y algunas municipalidades siguen también este camino, por lo que es en este momento en que debemos unir la reivindicación contra la corrupción, con la reivindicación contra la impunidad, e implica fortalecer la transparencia y el acceso a la información pública a todos los niveles, así como el trabajo por el fortalecimiento a la justicia en todos los temas.

No podemos hablar de reformas constitucionales y menos aún convocar a una Constituyente en la situación actual, sin haber reformado y fortalecido la justicia y especialmente sin haber reformado y democratizado a las organizaciones políticas y al sistema político mismo. Esto último es fundamental, pues toda ley, toda reforma al Marco Legal, algunas reformas constitucionales o incluso la convocatoria a una Constituyente pasan por el Congreso actual, donde a pesar de los esfuerzos de transparencia y la reforma del mismo por parte del presidente Taracena, aún se encuentra controlado por los contubernios de partidos tradicionales corruptos y con poca representatividad. Al momento de emitirse el dictamen de la CC sobre la reforma a la LEPP, es importante que todos unamos esfuerzos para garantizar que esta sea aprobada a la mayor brevedad, aunque después puedan proponerse más reformas.