Las estadísticas manejadas por el gremio de textileros y exportadores indican que de 180 fábricas en operación en la república, 165 (el 91 por ciento) funcionan en el departamento de Guatemala, lo cual tiene correspondencia con los indicadores referidos al fenómeno macrocefálico característico de esta nación, y que es la causa de la elevada presencia, en la zona metropolitana, de la industria, los servicios, las oportunidades educativas y otras posibilidades de acceder a mejores niveles de vida.

Durante varios años, desde el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, cuando el país experimentó un sostenido auge económico, se ha discutido sobre la urgencia de desconcentrar las actividades productivas.

Esto no ha sido posible por diversos valladares, como la guerra interna, la inestabilidad política, la falta de recursos económicos a causa de las debilidades en la recaudación fiscal, la ausencia de planes de gobierno en regímenes que han llegado al poder como fruto de la politiquería, la demagogia y el oportunismo, la ausencia de visión y consenso político, y hasta los mismos bloqueos entre rivales de ese sector.

Ciertamente, es importante la descentralización del aparato productivo, pero debe ir acompañada de una medida similar en la administración pública, porque hasta ahora han sido escasos los frutos de los planes y los elevados recursos destinados por el Estado a ese propósito.

Pese a la delegación de funciones en ámbitos como educación, salud pública, silvicultura o ecología, aún continúa el peregrinaje hacia la capital, de residentes en la provincia, porque aquellas instancias no resuelven sus necesidades.

La descentralización, pues, debe ser integral, a efecto de que los inversionistas no encuentren en la ineficiencia del Estado el primer obstáculo para trabajar lejos de la capital. Por supuesto que también corresponde al Estado la dotación de la infraestructura y servicios adecuados, como carreteras, electricidad, comunicaciones y suministro de agua.

Si se desea detener la inmigración del campo a la ciudad, y desactivar con ello algunos de los numerosos problemas socioeconómicos que agobian a la zona metropolitana, el Gobierno debe promover con seriedad una descentralización global, la cual demanda políticas públicas para el fomento de la industria y la creación de zonas francas y de diversos incentivos, como la exención de impuestos, arbitrios y tasas.

Gran parte de la problemática social del país se origina en la falta de oportunidades de realización personal fuera de la zona metropolitana. Por eso, el actual buen momento de la economía nacional debe ser aprovechado para motivar al sector productivo a involucrarse en este reto y contribuir con su trabajo a la construcción de un mejor país.