LAS RECIENTES REVELACIONES sobre la realidad de los salarios del personal en el Congreso de la República, han sacado a luz una serie de hechos poco conocidos por la mayoría de la población, causantes de una inmediata mezcla de decepción, rechazo, incluso ira, debido sobre todo a sus implicaciones. Son inaceptables las actitudes de las partes: las autoridades del Congreso de entonces firmaron de manera irresponsable, seguramente con el fin de congraciarse con los dirigentes sindicales y también de evitar presiones de ellos. Queda muy claro el criterio utilizado: “el que venga atrás, que arree”. La incapacidad de estos diputados incluye, con claridad, confiar en la impunidad en la cual quedaría una decisión absurda.

POR SU PARTE, LOS sindicalistas —como los directivos del Congreso— también confiaron en la secretividad de los datos, pues era evidente el convencimiento de los daños en su imagen provocados ante la opinión pública si se abría esa caja de Pandora. Sin embargo, fue abierta y salieron al aire no solo este sino muchos otros males relacionados con las oscuras negociaciones de los sindicatos estatales. Ante la evidencia, la presión popular se dirige ahora a investigar todas las negociaciones entre la totalidad de las demasiado numerosas organizaciones de este tipo. En sí, el sindicalismo no es malo, pero adquiere ese calificativo cuando no hay capacidad de entender el efecto contraproducente de pactos contrarios a la realidad del país.

EL CASO DEL CONGRESO SOLO es una muestra del nacimiento de una presión nacional por investigar las acciones realizadas a la sombra de las instituciones públicas. Un ejemplo es el del Instituto Guatemalteco de Turismo, cuyas anteriores autoridades deben explicar una contratación de relaciones públicas en el extranjero. Lo menciono por haberse conocido ayer, pero hay muchos casos más. Así como las manifestaciones del 2015 fueron fundamentales para el derrumbe del gobierno perezbaldetista, lo ocurrido en el Parlamento la primera semana de este cuatrienio abrió la puerta a la exigencia de hacer realidad una obligación legal incumplida por muchos años: la obligación de informar y de revelar todo lo referente a dinero del Estado.

LA IMAGEN DEL SINDICALISMO burocrático sufrió ayer otro golpe. La marcha magisterial convocada por el cuestionado dirigente Joviel Acevedo también resultó contraproducente. Aunque fue explicada como una presión al ministerio respectivo para cumplir con sus obligaciones, la población la ve como un día de holganza de maestros. Esto es grave en un país donde la educación es precaria debido, entre otras razones, a los pocos días de clases oficiales, y a las inasistencias de muchos educadores, quienes por autonombrarse ahora “trabajadores de la educación”, parecen no comprender el daño provocado a un alumno a causa de estas realidades. En este caso el desprestigio no surge de las condiciones económicas, sino de las ausencias.

SI SE PIENSA DESDE OTRA perspectiva, abrir esta caja de Pandora tiene un factor positivo: el de permitir, al menos en teoría, arreglar situaciones anómalas. No son acciones cuya culpabilidad se le puede achacar a este gobierno, o al anterior, sino a los del pasado mediato o lejano. Las exigencias populares pueden ser consideradas como las semillas para derrumbar el casi impenetrable muro de la corrupción. El presidente Morales necesita entender cómo esta vorágine de críticas lo pueden alcanzar si él no tiene la voluntad o la capacidad de analizar los criterios —tácitos o no— de las exigencias. Apañar acciones ilegales, inmorales o tontas, es parte de la corrupción. Y la promesa de campaña aún está fresca en las mentes de todos.