Se presume que los que deben votar en cada municipio son sus vecinos, que son los que al final se benefician de las obras que las autoridades realicen.

El acarreo es una conducta que requiere de organización e infraestructura. Se requiere tener influencia en la circunscripción electoral donde se lleva a la gente para que se inscriba, y también contactos y capacidad de acción en los circuitos electorales de donde la gente proviene a inscribirse. Se necesita también poder disponer de varios domicilios en la circunscripción donde las personas son llevadas a inscribirse, porque las personas que son acarreadas vienen instruidas de antemano sobre qué domicilio local dar en la inscripción.

El acarreo desnaturaliza el derecho al voto, porque lo mercantiliza, le pone precio al voto, aprovechándose de la pobreza de la ciudadanía, pero lo más preocupante es cómo los ciudadanos, conociendo que son titulares de un derecho y tienen la obligación de velar por la pureza del proceso electoral, son cómplices al vender su voto y alterar los resultados de la voluntad popular dentro de su jurisdicción, castigan con un alcalde no querido en una comunidad y vedan el derecho al de su propia comunidad de acceder al poder de forma legal.

El problema con el acarreo es que  la persona no se puede arrepentir de cumplir porque, aunque lo haga deberá votar en otra jurisdicción y el daño para el municipio al que realmente pertenece ya está hecho, porque no aparecerá en ese padrón y por lo tanto no podrá votar en esa jurisdicción.

Para erradicar el acarreo se requiere al momento ética por parte de los políticos que pagan por esos votos  y compromiso de los ciudadanos de no aceptar este tipo de sobornos, para no alterar los resultados, comprometer la paz de su municipio y ser responsables con Guatemala, para que las elecciones sean reales. Este es un llamado a los guatemaltecos que venden su voto por complicidad y complacencia a ya no seguir con estas prácticas, que solo nos llevan a alimentar la corrupción en nuestro país.