En esta época electoral y de reivindicaciones sociales, han estado en primera línea las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos que se refieren a reivindicaciones de las mujeres. Las han planteado las organizaciones que históricamente han demandado igualdad de derechos en materia política, entre ellas Convergencia Cívico Política y Moloj.

Desde hace varios lustros han luchado por una participación incluyente y equitativa, demandaron acciones afirmativas, entre ellas las polémicas cuotas, y llegaron a la conclusión de que, siendo la mayoría de la población y teniendo igualdad de derechos según la Constitución Política, la exigencia debería ser por una participación paritaria, reflexión lógica al ver que en 30 años solo se ha incrementado un 5% de participación femenina en el Congreso, por lo que tendríamos que esperar 224 años para lograr la paridad parlamentaria.

Junto a estas demandas se ha incorporado la reivindicación étnica. Siendo Guatemala un país multiétnico, multicultural y plurilingüe, también debería corresponder que personas de esos grupos tengan posibilidad de figurar en las planillas en igualdad de condiciones y fue así que la propuesta de modificación se presentó y se fundamentó con datos y argumentos.

Si aspiramos a construir la democracia, entendida como esa experiencia inacabada que busca el bien común, la equidad, mejores condiciones de vida para todos y rematamos esta aspiración con tener un Estado fuerte, con instituciones consolidadas, dando cumplimiento a sus funciones, equilibrando las desigualdades, respondiendo a las necesidades de la población y con un entramado legal que responda a los anhelos de equidad en la participación política, es lógico que las estructuras políticas correspondientes garanticen la participación ciudadana en igualdad de condiciones, tal como exigimos las mujeres.

Esta coyuntura es favorable para estas luchas, pero necesitamos que la clase política, que nos ha defraudado y que está desprestigiada, busque reivindicarse. Ya el Tribunal Supremo Electoral incorporó en su propuesta para la reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos la paridad y alternabilidad por sexo y etnia en listados de corporaciones municipales y diputados.

Las críticas a esta reforma carecen de fundamento. Las mujeres tienen datos, estadísticas, estudios y análisis para demostrar la validez de la reivindicación.

Según estudios de la antropóloga Lina Barrios, Premio Iberoamericano a la Igualdad de Género Cortes de Cádiz 2012 en España, en 1985 solo un 3% del total de candidatos a alcaldes, concejales y síndicos eran mujeres. Veintiséis años después, la cifra se amplió a 13%. O sea que en 26 años apenas aumentó 10%. Según esa tendencia, necesitaríamos 104 años para llegar a la paridad en candidaturas municipales y 234 años para alcanzar la paridad en cargos.

Ya todo está dicho, solo falta la reforma.

Iliaalamilla@gmail.com