Los accidentes, en un porcentaje abrumador de casos, no ocurren por sí mismos o por la fatalidad, sino son el resultado de fallas humanas, principalmente la irresponsabilidad. En el caso de las numerosas tragedias que durante décadas han ocurrido a los pasajeros de autobuses del servicio urbano o extraurbano, la culpa recae principalmente en los conductores, los propietarios, la corrupción, el incumplimiento de las disposiciones de tránsito y la ignorancia, entre los factores que potencializan los efectos.

El lunes ocurrió la primera tragedia de ese tipo en el año, cuando 19 personas perecieron y 40 quedaron heridas, al embarrancarse a las cinco horas un autobús que había salido a la una de la mañana de San Marcos e iba evidentemente sobrecargado, al llevar 75 pasajeros, incluyendo algunos que viajaban de pie dentro del vehículo. El accidente ocurrió en un descenso lleno de curvas de la carretera Interamericana, cerca de Nahualá. Poco más de 24 horas después se registró otro percance en Tecpán, en el que no hubo muertos pero quedaron heridas 22 personas.

Cada vez que ocurre un acto irresponsable de esos, surgen voces de protesta, e incluso las autoridades señalan que lamentan lo ocurrido. Sin embargo, nada se hace para evitar esas tragedias y todo sigue igual. Ha llegado entonces el momento de hacer algo en firme para detener la matanza de inocentes.

Una posibilidad que debe ser considerada es emprender una campaña en todo el país, dirigida a informar a los pasajeros de su derecho a viajar en condiciones que eviten los accidentes, así como a protestar ante un ente gubernativo cuando esto no se cumpla. Los sobrevivientes de tragedias de este tipo han señalado muchas veces la irresponsabilidad con la que se conducen los pilotos, o su estado etílico, y las malas condiciones de los autobuses.

La sociedad guatemalteca, como un todo, debe participar en esta campaña de concientización de los derechos de los pasajeros, y de las responsabilidades de los conductores de cualquier tipo de transporte, lo cual incluye a camiones y tráileres, otra fuente de accidentes mortales, cuyos responsables muchas veces simplemente se escapan y desaparecen, lo que aumenta el porcentaje de impunidad por estos delitos.

La campaña debe ser dirigida básicamente al público, cuya presión tiene, en la práctica, mayores posibilidades de éxito. Existen leyes y reglamentos que muy pocos cumplen y por otra parte la corrupción explica por qué están en servicio algunas unidades y por qué trabajan como choferes personas irresponsable. Las empresas deben ser castigadas legalmente cuando se compruebe que fueron parte fundamental de un percance, y se debe hacer realidad la obligación de contratar seguros.

En general, la población guatemalteca no está consciente de que, por ejemplo, viajar a 60 kilómetros por hora equivale a casi 17 metros por segundo. La tarea es larga, y tiene numerosas facetas, pero debe comenzar con algo no probado aún: informar a los pasajeros, quienes por su parte también deben saber que ellos mismos pueden ser la causa real de un accidente, cuando piden o toleran viajar sobrecargados.