Con bombos y platillos, el pasado mes de febrero fue presentada por el presidente Jimmy Morales y el ministro de Economía, Acisclo Valladares, la Política Nacional de Competitividad 2018-2032. Luego de estudiar detenidamente el documento, con excelente diagramación, color y presentación, he quedado muy decepcionado. Tras varios años, muchos millones de quetzales, incontables horas de análisis, discusión y concertación, se ha producido lo que el colega Hugo Maúl describió como “más de lo mismo”. No es una visión osada o innovadora, y menos un plan de acción. El documento y la política que lo respalda no hará mayor cosa para promover y mejorar la competitividad del país.

El Foro Económico Mundial, que ha estado midiendo la competitividad entre países desde hace casi cuatro décadas, la define como “el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”.

El Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) fue creado en 1999 para ser “la instancia facilitadora de la competitividad en el país”. La Agenda Nacional de Competitividad se lanzó en 2001, y en 2004 “el Estado priorizó la competitividad y la atracción de inversión extranjera al país”. Si esto fue una “prioridad de Estado”, no se notó y pasó inadvertido. También en 2004 inició la elaboración de la “Agenda Nacional de Competitividad (ANC) 2005-2015: Hacia una Guatemala Próspera, Solidaria y Equitativa”, que “fue actualizada y reunió los esfuerzos anteriores”. Para elaborar dicha agenda, “se consensuaron las diversas perspectivas de los problemas del país y los lineamientos más importantes para cambiar su rumbo y proponía los posicionamientos estratégicos de Guatemala como destino turístico, como plataforma exportadora y como centro logístico y servicios Mesoamericano”. Con el lenguaje típico de organismos multilaterales, comisiones técnicas y planes maestros concertados, contiene “ejes estratégicos”, que son seis; tres de ellos incluyen la palabra “fortalecimiento” y otros contienen “incluyente” y “sostenibilidad ambiental”.

El resultado no está a la vista. Pasaron los años con la ANG 2005-2015, por lo que en 2016 se “actualizó”, ahora con el apellido 2016-2032, para aterrizar en 2018 con la Política Nacional de Competitividad (PNC). La PNC “migró” de seis ejes estratégicos a tres lineamientos, también estratégicos, con la etiqueta pegona de 11-11-9 (11 clusters, 11 brechas priorizadas, 9 territorios). El marco conceptual se basa en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, que identifica 12 categorías o pilares de competitividad que “comprenden los factores considerados primordiales para el desarrollo económico de un país”. Estos doce pilares se envuelven en tres categorías y solamente enumerar y describir todo esto, y permutar el 11-11-9, de varias formas y dibujos, llena todas las páginas del documento de la PNC. Mejor hubieran repartido copias del informe del Foro Económico Mundial.

La mejor política de competitividad es la receta tradicional: seguridad, certeza jurídica, pronta administración de justicia, inversión en educación, salud e infraestructura, descentralización, con bajos impuestos y regulación. El Ministerio de Economía y la Política Nacional de Competitividad podrían dedicarse por entero y con exclusividad a detectar y eliminar cuanto obstáculo a la producción y el comercio fueran capaces de descubrir. Sería muy saludable abandonar el paradigma del conflicto y la lucha de clases y optar por la ruta del progreso, que tiene que apoyarse en la productividad y la producción.