Se aproxima un proceso de alta importancia para el acontecer nacional y la institucionalidad del país, como es el proceso de selección del próximo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Es un tortuoso ritual que se realiza cada cuatro años; inicia con una convocatoria por parte del Congreso, pasa por una comisión de Postulación que propondrá a seis candidatos y termina cuando el presidente selecciona a uno de los propuestos. La comisión de Postulación será presidida por el presidente de La Corte Suprema de Justicia (CSJ) e integrada por el presidente del Colegio de Abogados (Cang), el presidente del Tribunal de Honor del Cang y los 12 decanos de las facultades de Derecho de las universidades del país. Estas 15 personas se verán envueltas en un torbellino de presiones y profundo escrutinio. Como veterano de tres comisiones de postulación para elección del contralor General de Cuentas, doy testimonio de que es un proceso frustrante e ingrato; no se puede hacer lo mejor, sino tan solo lo posible, no se queda bien con Dios ni con el diablo.

Luego de la juramentación de la comisión de Postulación, esta invitará a los profesionales que deseen postularse a remitir su currículo y una serie de documentos que se exigen, que serán examinados con gran exactitud para asegurar que no falte un solo formulario, certificación, finiquito, timbre y un sinnúmero de papeles. Con un solo papelito, firma, sello o timbre que falte, la descalificación es automática. La Comisión invertirá una fuerte cantidad de horas para definir una tabla de gradación, para calificar a los candidatos. Cada candidato obtiene una “calificación”, que es interesante porque se le dedica gran esfuerzo e importancia, pero no determina el desenlace final, que termina por ser una decisión política. Para muestra, el proceso de 2010, donde el Dr. Conrado Reyes fue el mejor calificado, fue seleccionado y nombrado por el presidente Colom, para luego ser víctima de un linchamiento político sin fundamento en el que la CC lo removió del cargo. O el caso de la SAT, donde el actual superintendente obtuvo una calificación menos que mediocre, pero quedó instalado.

Una vez determinados los candidatos que llenan los requisitos —no faltó un sello— se invita al público para que haga llegar las “tachas”, denuncias y señalamientos a los candidatos. La Comisión entrevistará a cada uno de los candidatos y posiblemente se les practique exámenes psicológicos y otras pruebas. Todo el proceso está abierto al público y se graba en video; será “acompañado” y vigilado por la “sociedad civil”, léase oenegés, que buscarán gran protagonismo. Finalmente, la comisión de Postulación entrará en un proceso de deliberación, discusión y rondas de votación, para seleccionar a los seis candidatos. La negociación es intensa.

La vigilancia y acompañamiento de la prensa, la sociedad civil y el público en general es valiosa e importante, pero no es una panacea o garantía. Todos estos vigilantes tienen preferencias, prejuicios, intereses y, sobre todo, subjetividad. El intento por manchar y descalificar es intenso y no necesariamente obedece a la objetividad y transparencia. El Ministerio Público es un gran centro de poder, influencia y protagonismo, y como tal, representa oportunidad o amenaza para diferentes intereses, agendas y fuerzas políticas. La coyuntura está altamente contaminada con la etiqueta barata de los que están en contra de la corrupción y los que están a favor de perpetuarla; no es así de blanco y negro. Ojalá no triunfen las agendas políticas y los grupos de presión; que gane el mejor.

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