La miopía de siempre no alcanza a ver que al final de cuentas lo que está al centro de la discusión es el sentido de los servicios públicos. Esa discusión ha sido ajena a propósito. Importa ver la generación, distribución y los otros eslabones de la cadena energética solo desde la dimensión de un gran negocio, que además representa la oportunidad para el reposicionamiento de empresarios nacionales que han sido movidos hacia la esquina de la defensa frente al crecimiento desmedido de las élites emergentes.

Los negocios de la energía son articuladores de las agendas que privilegian el modelo acumulativo que ahora necesita de nuevos combustibles, nuevas formas de generar importantes ganancias El documento de la Política Energética —con cifras conservadoras— menciona que el total producido en el país es de ocho mil 450 Gwh (gigavatios hora), de los cuales se consumen internamente ocho mil cien. Se exportan 350 Gwh, sin contar con los nuevos excedentes, resultado de recientes hidroeléctricas y otras formas de generación destinadas a la exportación.

La Ley General de Electricidad tiene un conjunto de omisiones, ya que asume que el Estado solo es un regulador —en el mejor de los casos—, distante y con los brazos amarrados. Ese marco no menciona por ningún lado que la energía eléctrica es un bien público estratégico. Ese es el tema de fondo ahora. Lejos estamos de considerar que el “servicio público de energía eléctrica es aquella actividad técnica destinada a satisfacer la necesidad de carácter general consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer de energía eléctrica, cuyo cumplimiento uniforme y continuo debe ser permanente, asegurado, regulado y controlado por el poder público con sujeción a un régimen de derecho público, para aprovechamiento indiscriminado de toda persona” (Filiberto Otero Salas, Unam).

De esa omisión a propósito surge el descalabro que hoy se vive con intensidad, resultado de la combinación entre el pésimo servicio de Energuate, la falta de acción de los órganos reguladores, la desprotección de los ciudadanos disfrazados de usuarios, las tarifas como terreno de nadie y los terceristas como Codeca y Frena, que asoman la cabeza para aprovecharse del momento, incluyendo ingredientes que terminan de alterar una comida envenenada.

El robo de energía es tan condenable como el lucro, ambos por igual. Nada se podrá hacer si los abusos prosiguen y si los entes reguladores siguen jugando en otra cancha. Criminalizar y judicializar no son salidas, ni lejanamente.

renzolautaro.rosal@gmail.com