El presidente Jimmy Morales informó ayer que el Estado necesita de manera urgente al menos tres mil millones de quetzales, lo cual plantea la dimensión de la crisis en que se inicia el Gobierno. Lo cierto es que la falta de recursos no será el único problema con el que deberá lidiar el mandatario en los primeros días, pues la integración de su gabinete también ha dado de qué hablar, principalmente porque se ha convertido en su primer tropiezo el nombramiento de la ministra de Comunicaciones.

Efectivamente, los medios de comunicación informaron con profusión sobre los contratos que durante años obtuvo la actual ministra Sherry Ordóñez con el Estado, cuyos montos le representaron ingresos por más de 15 millones de quetzales.

Ayer, durante una conferencia de prensa, la funcionaria ratificó la información, pero lejos de reconocer el evidente conflicto de intereses, se dedicó a justificar su permanencia en una dependencia que deberá establecer contratos millonarios, muy probablemente con empresas con las que ella tuvo cercanía o bien rivalidad.

El mayor problema en este complejo inicio de gobierno de FCN-Nación consiste en que tanto Ordóñez como el presidente parecen no comprender, o por lo menos se resisten a admitir, que en la administración pública la sospecha hace ruido y la historia personal tiene un peso indiscutible, del cual no es posible librarse, sobre todo cuando se trate de dudas respecto de la idoneidad.

Las protestas ciudadanas de seis meses se llenaron de consignas a favor de la cero tolerancia a la discrecionalidad, la opacidad y el favoritismo; de hecho, el sábado pasado hubo otra manifestación en la Plaza, para recordarle a la recién estrenada administración que existe una fiscalización constante, algo que el presidente Morales elogió a través de un tuit. Pero la aprobación del escrutinio público va más allá de una declaración lírica, pues se concreta con las acciones y reacciones del Gobierno ante los señalamientos.

En la mencionada conferencia de prensa ofrecida por Ordóñez, lo único que quedó claro fue su intención de aferrarse al cargo, no así su comprensión acerca de los principios de ética pública y los alcances de la cuentadancia correspondiente.

Por aparte, como ya lo ha hecho el mandatario, la funcionaria cayó en el desliz de dictarle cánones de trabajo a la Prensa, al decir: “No seamos reproductores de una falsedad. Les suplico a todos los medios que hagamos las cosas que a cada uno de nosotros nos corresponden, pero también habrá que hacer un poquito de investigación responsable”, como si el proceso que lleva la SAT en su contra fuera una invención o como si su condición de contratista pudiera borrarse con un simple pase mágico.

Las moralejas, en su sentido de lecciones, son varias. La primera es que no por presentar a un gabinete hasta el inicio del gobierno este pasará por un menor escrutinio de los sectores sociales. La segunda, que la verdad ciertamente incomoda pero es mucho mejor que intentar negar la realidad para demostrar poder. La tercera, que las palabras se las lleva el viento si no van acompañadas de acciones coherentes.