No me voy a la definición actual de golpe de Estado, que supone una intervención militar y lo demás. Me voy al origen de la definición en la Francia del siglo XVIII, cuando se comenzó a usar la expresión “Golpe de Estado” para referirse a las acciones de carácter violento que el rey disponía llevar a cabo sin tomar en cuenta las normas legales y morales establecidas en su sociedad. Y es que cada vez que la monarquía política guatemalteca dispone algo como lo que pasó el día jueves 13 de agosto (a partir de ahora recordado como otro jueves negro), nos da un golpe de Estado.

Imagino que los diputados que detuvieron el antejuicio de Pérez Molina partieron de algo así: “Si lo permitimos ahora, se fortalece la gente y nos vamos todos al bote tarde o temprano”. Lo mismo cabe pensar de los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad que le dieron vía libre al partido de sus simpatías, a pesar de haber violado este repetidamente la ley. Y qué decir de la vergüenza que se siente por la actuación de un Tribunal Supremo Electoral que cada día pierde más legitimidad y fuerza frente a las innumerables irregularidades de este proceso electoral. Entendemos que estas elecciones inéditas representan un desafío mayor para cualquiera, pero así de inédito podría haber sido su papel histórico.

Asistimos a una serie política representada en un Estado orwelliano, y la ciudadanía ya está más allá de la indignación. ¿Dónde queda la participación pacífica y propositiva de una buena parte de la ciudadanía que ha querido cambiar el estado de cosas, si ni siquiera lo más elemental ha sucedido, que es la renuncia de un presidente ilegítimo que no termina de asumir su responsabilidad administrativa, política e histórica? Sumemos a esto el problema de un Estado desfinanciado, con crisis en lo social y en su seguridad. Una bomba de tiempo.

Y por si fuera poco, hablemos del padrón electoral actual, ese registro donde están inscritas todas las personas que tienen derecho al voto. En teoría, el padrón es público y pretende evitar un fraude electoral. Sin embargo, en las últimas semanas me han llegado datos que, de ser ciertos, asustan bastante. Dicen, por ejemplo, que hay 70 municipios con más personas empadronadas que el total de personas mayores de edad.

Quiero volver a un dato de suma importancia para el país. No tenemos un censo poblacional desde el año 2002. Durante la segunda mitad del año 2014 apareció por allí una cifra del Registro Nacional de Personas que aseguraba que no éramos 16 millones de guatemaltecos, sino 19 millones. Cuando algunos quisimos profundizar más en ello, todo rastro de esa información había desaparecido y nadie sabía nada al respecto. Suponiendo que eso fuera cierto y que no sepamos exactamente cuántos somos, se estarían diseñando políticas públicas, presupuestos de Estado, programas de nación y hasta procesos electorales sobre bases falsas.

Hay que recordar, también, que hubo partidos que para esta contienda electoral se inscribieron con más de 12 mil firmas falsas, hecho denunciado en algunos medios, y luego parte de los anales de la complicidad y el olvido. ¿Cómo se sostiene un padrón con esos vacíos? Además, los detalles: está previsto un cambio del Centro de Cómputo, y a escasas tres semanas de supuestas elecciones, nadie sabe si se han hecho las pruebas necesarias para confirmar que el nuevo lugar sea apto para desarrollar un evento de tal tamaño. Se habla también de la nueva empresa que proporcionará la energía eléctrica en el Parque de la Industria, y dicen que si se va la luz por alguna razón, demorarían 7 minutos en volver a poner a funcionar todo adecuadamente (¡!).

Acabo. Según los artículos 141 y 152 de nuestra Constitución, la soberanía radica en el pueblo (quien la delega para su ejercicio en los Organismos Legislativo, Ejecutivo y Judicial), y el poder proviene del pueblo. La violación de estos dos artículos refleja que buena parte de la clase política gobierna en contra del mismo pueblo que le dio el poder, saltándose las normas legales y morales. Yo a esto le llamo golpe de Estado.

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