Pese a que el Congreso se ha convertido en el epicentro de todo un movimiento de demandas de reformas legales para comenzar a transformar la función del Estado y los partidos políticos, la mayoría de congresistas se resiste al clamor, se hacen los ofendidos y en lugar de ponerse a trabajar con seriedad buscan manipular el sistema legal a su favor, sin darse cuenta de que solo consiguen generar mayor descontento y aumentar la animadversión popular.

El caso del antejuicio contra el presidente es prueba fehaciente de que hay temas incómodos que los diputados quieren postergar al máximo, sin percatarse de que la paciencia de la población está al límite, al igual que la de países cooperantes. Basta recordar las escenas que se produjeron el pasado lunes, cuando el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, acompañó a los manifestantes que exhortaban a los congresistas a aprobar lo antes posible las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en una visita que resultó incómoda para dirigentes legislativos que trataron de ignorar la presencia del diplomático.

Ayer, los diputados no pudieron escabullirse cuando un grupo de embajadores europeos llegó con la misma intención: pedirles a los congresistas que no retarden más las reformas. De hecho, los diplomáticos fueron más específicos en esta ocasión y plantearon la necesidad de que se aceleren los cambios a las leyes Electoral, de Contrataciones del Estado, de Servicio Civil y las referentes al sector justicia.

Por aparte, en la mesa donde se discuten reformas al sector justicia también se hicieron presentes delegados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y del Sistema de Naciones Unidas, para plantear argumentos a favor de redoblar esfuerzos en revisar y actualizar normativas que, sin duda, son muy importantes, ya que la certeza del justo castigo a los delitos constituye uno de los pilares del fortalecimiento del estado de Derecho y la recuperación de la credibilidad de las instituciones.

Puede que una de las tareas más arduas para quienes tienen en sus manos la implementación de estos cambios sea la aprobación de modificaciones integrales, sin cláusulas truculentas o dedicatorias de doble filo, puesto que en el Legislativo pululan múltiples intereses, además de que las reformas impactarían en una burocracia voraz que ha crecido a fuerza de favores políticos y representa un oneroso drenaje para las arcas nacionales.

A muchos de estos grupos, enquistados en el poder, no les interesa que prospere ninguna modificación, porque eso implica introducir orden en cómo se medra a costa del erario guatemalteco y, por ende, de las grandes prioridades en educación, salud e infraestructura. A esta causa perversa se suman dirigentes inescrupulosos que se han hecho chantajistas y cómplices a conveniencia de cada administración. Por ello es que se puede comprender e incluso agradecer la solidaridad de la comunidad diplomática en el país en favor de las reformas que ya han sido consensuadas por sectores sociales que buscan, a diferencia de los políticos, un verdadero proyecto de nación.