Después de muchos años de silencio, por la prepotencia de un Estado y gobiernos sucesivos, que abusando de su poder habían acallado las voces de los pueblos, inculcando un espíritu de impotencia, para promover una ruta para recuperar nuestra dignidad y el derecho a vivir.

Hoy posiblemente estamos frente al derrumbe de una parte del Estado corrupto e impune. Un Estado que desde su origen ha estado acumulando recursos, para el enriquecimiento de unos pocos y que aprueba leyes o normas, que protegen esta forma ilícita de enriquecer a ese pequeño grupo, que se ha anquilosado dentro de todas las estructuras de control y de poder.

La mayor prueba es que han sido capturados quienes eran los operadores de La Línea, de la corrupción en el IGSS, de la venta de plazas en el Congreso, pero quienes realmente están detrás de todo esto, que sin duda alguna son de cuello blanco, no han sido tocados a profundidad, y se han lavado las manos con la captura del diputado Muadi, de Max Quirin, pero de allí nada ha avanzado, esto quiere decir que al Estado genocida posiblemente no va a ser tocado.

Por eso, es importante reparar que quien está en la cárcel es OPM corrupto, pero el comandante Tito, el genocida, no ha sido tocado, sigue intacto y como si no pasara nada. Esto mismo nos hace suponer que, mientras eso no se dé, la ola de criminalización y judicialización contra los pueblos en resistencia y quienes siempre han estado denunciando y demandando que todo esto cambie, sigue su curso trazado por los intereses geopolíticos de Estados Unidos, principalmente.

Los últimos acontecimientos de criminalización: el asesinato del principal de Nebaj, el asesinato del primer denunciante de la contaminación del río La Pasión, el asesinato del abogado defensor de las comunidades denunciantes, la captura del líder comunitario de San Juan Sacatepéquez e incluso la ola de violencia generado por pandillas o maras juveniles en Chimaltenango, también corresponde a este fortalecimiento del Estado genocida y corrupto.

Pero entonces quiénes tendrán que impulsar la fundación profunda de un nuevo Estado. Esto no será posible sin el fortalecimiento de la organización comunitaria de los pueblos, porque está comprobado que solo los de abajo podrán avanzar en los cambios que requiere nuestro país.

No hay que perder de vista que corrupción e impunidad van de la mano con la pobreza, la extrema pobreza, el analfabetismo, la falta de salud, falta de vivienda, falta de trabajo y es más, con la explotación de los bienes naturales, como el agua, el aire, las minas, etcétera, que es el elemento principal por el que se ha generado una guerra de cuarta generación en América Latina y por lo consiguiente en nuestro país.

No hay que dejar a un lado la última entrevista con el coordinador de la Cámara de la Industria, quien dice, “con el desmantelamiento de las líneas de corrupción el pueblo está en paz”, ahora tenemos que invertir.