o no leyeron, o no entendieron, o firmaron como producto de una unción generosa de manos de cara a las elecciones de 2015 (el artículo 46 de la ley apunta en esta dirección).

De esta ley no puede hablarse sin aludir al Tratado de Libre Comercio signado entre Estados Unidos y Guatemala el 10 de marzo de 2005, que abrió las puertas, entre unos pocos acuerdos favorables, también a la posibilidad de este tipo de abusos e intromisiones en un país con la clase política más corrupta del planeta. Se trata de la “Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales” que, en otros países, ha partido de amplios debates, cuidándose de no darle a transnacionales, lo que primero debe dar un país a sus pequeños y medianos agricultores.

Cuando se lee el objeto de la ley, el temor no es injustificado: una transnacional se podría llegar a convertir en la dueña de la biodiversidad guatemalteca y poseer los derechos de propiedad intelectual de variedades locales de frijol, maíz, güicoyes, chiles, entre cientos más. Y usarlas luego para realizar mezclas transgénicas.

Esto, no solo significa que serían los dueños de los códigos genéticos de muchas especies vegetales, sino que nadie podría sembrar luego en su propio huerto, sus cuatro cuerdas o su finca, las semillas “propiedad de la transnacional”, so pena de ser criminalizado, demandado y multado. Para muchos, significaría que, en su patio, ni su maíz ni su frijol podrían siquiera sembrar. Más allá de esto, la seguridad alimentaria de cientos de familias se vería seriamente afectada, ya que nadie podría competir en la compra y manejo de semillas con una transnacional que tiene una tradición en la generación de productos transgénicos y la capacidad de hacer cabildeos a los más altos niveles de la política internacional.

Como dice un buen amigo abogado, “aún la Ompi no ha emitido una Convención, para cuya elaboración participa  en nombre de Guatemala, activamente el Registro de la Propiedad Intelectual, para proteger la propiedad intelectual de las expresiones culturales tradicionales y los recursos genéticos de las variedades locales, de las comunidades, principalmente las indígenas, y ya Guatemala emite una ley que protege la propiedad intelectual de las variedades vegetales  (que  favorecerán) a  las grandes trasnacionales; variedades que están acabando con los locales y que sirven en muchos casos para la alimentación de las personas.  Es urgente que el Presidente de la República vete esta ley.”

Volviendo al artículo 46 de dicha ley, vemos que allí se autoriza la ampliación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado vigente para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, con el fin de dar al Ministerio de Comunicaciones, lnfraestructura y Vivienda la cantidad de Q550,000,000 (quinientos cincuenta millones de quetzales) para financiar el proyecto denominado “Rehabilitación de la Ruta Existente y Ampliación a Cuatro Carriles de la Ruta: CA-2 Oriente”. Sabiendo de dónde llegan los fondos y quién está al mando de la cartera de Comunicaciones, está dicho qué fue lo que llevó a tantos diputados a firmar.

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