Justo un año después de que el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra Impunidad en Guatemala efectuaran las primeras capturas por los casos de defraudación en las aduanas del país, se producen nuevas detenciones en las que vuelven a estar vinculados el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Baldetti.

Ayer, en varios operativos coordinados por el MP, fue de nuevo capturado Gustavo Martínez, ex secretario general de la Presidencia, quien ya enfrenta un proceso por tráfico de influencias. También fue detenido el español Juan José Suárez, director de la Terminal de Contenedores. Junto a ellos cayeron varios integrantes del sindicato de la portuaria Quetzal.

Estas nuevas aprehensiones dejan claro que la corrupción a la que había llegado la pareja gobernante en la administración patriotista alcanzó niveles vergonzosos de descaro, al punto de conceder trozos de territorio nacional a cambio de sobornos.

Estas capturas renuevan el poderoso mensaje de que las investigaciones sobre casos de corrupción todavía deparan sorpresas y alientan el imaginario de las plazas de que esto apenas empieza, como también se constata con otras detenciones relacionadas con la defraudación tributaria.

Pero el mensaje que debe prevalecer es que nadie está por encima de la ley y que, sin importar las jerarquías, el combate de ese flagelo tiene que ser frontal, sin distingo de quiénes sean los sindicados.

En la medida en que el MP y la Cicig continúen con esa batalla contra las mafias incrustadas en el Estado, así también debe ir cediendo de manera paulatina el avorazamiento para apropiarse por medios inmorales de los recursos públicos, pues hasta ahora eso parece preocupar a muy pocos.

Lo ocurrido recientemente en el Congreso con diputados del oficialista FCN-Nación es una clara muestra de que muchos funcionarios y dignatarios tienen muy poco temor y respeto por los embates de la justicia, quizá porque algunos todavía se sienten cobijados por el poder o porque creen que en el sistema de justicia también se puede contar con aliados.

Una mala lectura que puede terminar en fiasco para quienes se resisten a darle la debida interpretación a lo que está ocurriendo, y lo menos que cabría esperar es que también empiecen a recibirse señales de cambio, pues la corrupción no solo es intolerable y ofensiva para quienes contribuyen con sus recursos a reforzar la búsqueda de un Estado mucho más viable.

Pretender no ver eso ni el enorme daño que la corrupción le hace al país es la peor señal de irresponsabilidad y desfachatez con que pueden actuar quienes insisten en buscar un indebido enriquecimiento, que en todo caso solo acrecienta las penurias de los guatemaltecos con menos recursos económicos.

La ruta emprendida por el MP y la Cicig es la correcta y ha quedado patente que el grueso de la población apoya esa cruzada contra los corruptos, la cual no debe detenerse, y que los mayores esfuerzos deben orientarse a lograr que la clase política y los corruptores cambien de enfoque.