Debido a las condiciones por las que atraviesa Guatemala en los últimos años, podría interpretarse que dicho mensaje está dirigido a las más altas autoridades del país, pero no es así, ya que la corrupción se ha convertido en una pandemia que afecta a numerosas democracias y donde menos se le combate se acrecienta la vulnerabilidad de la sociedad y de importantes instituciones.

Ese socavamiento de la institucionalidad despierta la preocupación en las más altas esferas de Washington, cuyas autoridades, como lo expone Pompeo en su comunicado, lo ven como una amenaza a su seguridad y por ello reafirman su compromiso de trabajar con sus socios para prevenir la corrupción y contribuir a generar instituciones transparentes, exigir una mayor rendición de cuentas y apostar por el fortalecimiento de un sistema de justicia que pueda procesar a los corruptos.

En esta ocasión el comunicado del Departamento de Estado hace un especial énfasis en manifestar su apoyo a los periodistas y a la sociedad civil que denuncian la corrupción y demandan la rendición de cuentas de todo funcionario.

Esto último cobra especial relevancia en el caso guatemalteco por la situación que atraviesan los medios de comunicación independientes, sometidos al acoso mediático y financiero, por su decidido apoyo en el combate de la corrupción, tráfico de influencias y el abuso de poder. En esto último incluso se ha rebasado el límite de la prudencia, como el acoso con vehículos militares a la sede de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Embajada de Estados Unidos.

Lo cierto es que los duros términos empleados por el Departamento de Estado para urgir el combate de la corrupción no están dirigidos solo a Guatemala, pues hay muchos otros países cuyas sociedades están condenadas al subdesarrollo, debido al poderoso impulso de las mafias de cuello blanco.

Otro caso que ilustra esas penurias de muchos países es la jornada electoral que se vivió ayer en Perú, donde la ciudadanía votó masivamente a favor de prohibirle la reelección a los actuales diputados, reformar la elección de jueces y magistrados y ejercer un mayor control sobre el financiamiento de los partidos políticos.

Las encuestas previas le concedían un abrumador respaldo a la propuesta presidencial para depurar el Congreso, uno de los bolsones, junto a las judicaturas, del enquistamiento de la corrupción en Perú.

Ciertamente, esta es una de las vías para combatir un flagelo de hondas repercusiones socioeconómicas y la otra es la que reitera el Departamento de Estado en su pronunciamiento: castigar con sanciones financieras individualizadas la corrupción y las violaciones a derechos humanos a través de la Ley Global Magnitsky.