Los violentos incidentes que se registraron el jueves recién pasado en Cuilapa, Santa Rosa, donde enardecidos pobladores salieron a las calles para vapulear a dos hombres a los que acusaban de haber asesinado al conductor de un mototaxi, es apenas el más reciente brote de violencia en contra del acoso de las maras y de los grupos delictivos que lucran con el terror de los guatemaltecos. De hecho, después de las manifestaciones de violencia se produjeron protestas de los vecinos, en repudio a ese flagelo, ante el cual las autoridades parecen hacer muy poco.

Resulta difícil criticar esas manifestaciones iracundas, porque la población está harta del acecho de los delincuentes, sobre todo si se toma en cuenta la perorata de ofrecimientos que hicieran el actual mandatario y sus principales colaboradores en esa materia de seguridad, que no perdían ocasión para criticar al anterior partido oficial y promocionar sus planes, los cuales incluían los famosos bloqueadores de señal en las cárceles que han resultado hasta ahora un fiasco.

Precisamente por esta decepción es que resultan lógicas esas violentas reacciones por parte de una población que da muestras de haber llegado al límite de la tolerancia. Sobre todo porque en el país existen demasiadas ciudades en las que prácticamente la delincuencia impone su ley, sin que parezca existir poder gubernamental que pueda imponer un mínimo de orden que a la vez permita someter a los malhechores al imperio de la justicia.

Por otro lado, las fuerzas de seguridad actúan en el marco de la ley al evitar que un pueblo iracundo se convierta al mismo tiempo en el criminal que tanto desprecia, al hacer justicia con mano propia; sin embargo, no deben caer en abusos y mucho menos ejercer contra los vecinos una fuerza incluso superior a la ejercida en el combate de los facinerosos.

Lo que sí es importante es que la población salga a las calles a exigir justicia más de un solo día, y que demande de las autoridades mayor seguridad, más orden y que den seguimiento a los casos judiciales en contra de los señalados de extorsionistas. Mientras las autoridades no comprendan esa situación y busquen evadir su responsabilidad o disfrazarla en tiempo electoral, solo estarán agregándole más pólvora a la bomba, cuya mecha es ya muy corta.

Desafortunadamente, a la descomposición social que generan los antisociales que cometen exacciones se suma un Estado que afronta una crisis de institucionalidad debido a otro tipo de delincuentes de cuello blanco que han saqueado el erario.

El reciente caso de fraude en la Policía Nacional Civil solo impacta en el quehacer de aquellos agentes que sí buscan cumplir con su misión ante una ciudadanía que ve el deterioro de una entidad clave desde sus propias entrañas.

Todo eso, por supuesto, debe cambiar, para que impere el estado de Derecho y que nadie pueda sentirse superior a la ley, pero ello requiere de una población que se organice, no para agredir a supuestos culpables, sino para demandar a sus autoridades y también a los políticos en campaña, planes integrales en materia de seguridad y desarrollo.