Con inusual y preocupante silencio se desarrolla el juicio por genocidio contra dos inculpados. El tribunal decidió inicialmente no permitir la entrada de medios de comunicación y llevarlo a cabo “a puerta cerrada”, aunque la dejó entreabierta y permitió el ingreso de “observadores internacionales” a varias sesiones. Tras un recurso de la defensa —y también de la acusación— la vista dejó de ser semipública. El tribunal cometió dos faltas. La primera, ser parcialmente benevolente con “observadores extranjeros” y limitar el derecho a informar de los medios. La segunda, condenar el derecho de uno de los acusados (Rodríguez Sánchez) a que se conozca el proceso sobre la base de guardar la privacidad de otro (Ríos Montt).

Llama la atención que el general Ríos Montt fue declarado incapaz mentalmente y a pesar de ello está siendo juzgado sin que pueda siquiera argumentar, dirigir a sus abogados o contradecir cuanto de él o su conducta se pudiera decir. Es como si alguien implicado en una colisión vehicular se le enjuicia mientras se encuentra en estado de coma. ¡Inaudito!, pero sobre todo preocupante en lo que concierne a observar el Estado de Derecho que, paradójicamente, se argumenta defender.

Reitero mi rechazo —ya manifestado— a la tesis de que hubo genocidio durante el conflicto armado interno. Sin embargo, esa no es ahora la discusión ni el motivo de debate. El fondo del problema es si se puede proseguir con un juicio absoluta y absurdamente desviado del marco referencial de principios generales de Derecho. Seamos empáticos por un momento y presupongamos que la defensa del general Ríos fuese ineficiente, incapaz o renunciara. Sencillamente sería imposible que el “defendido” prescindiera de ellos o designara a otros porque está mentalmente imposibilitado. Es decir, no es consciente de lo que está ocurriendo ni tiene la capacidad de comprender lo que se hace, mucho menos evaluar si está acorde con sus intereses.

Con malabarismos legales, indican a la tutora que tome decisiones que corresponderían a su progenitor o que se siente en el banquillo por él. Un absurdo mayor, porque la responsabilidad penal no puede trasladarse a terceros, como pareciera interpretarse en un ejercicio fantasioso por comprender esas decisiones judiciales.

No existe la voluntad de buscar la verdad, algo respetable y aceptable, sino la intención de politizarla con planteamientos que generan grandes réditos a algunas organizaciones y personas. Este juicio adoptó un rumbo extraño desde el inicio. Se reveló cuando se promovió con prisas; continuó con la farsa del anterior tribunal y las salidas de tono y aspavientos de una particular jueza al leer la sentencia y finalizó con la decisión de la CC —no aceptada por los manipuladores de la historia— de invalidar las actuaciones por no observarse el debido proceso. Ahora, nuevamente, se producen actuaciones —calladas y sin fotografías— que puedan desenmascarar algo ya antes visto y cuyas formas serían cuestionadas en cualquier marco jurídico nacional o internacional. Una pantomima caribeña para justificar lo que ya está cocinado: la necesidad de obtener una sentencia condenatoria, al precio que sea. No será extraño que todo se invalide por procesar a alguien judicialmente declarado incapaz. Me parece que es primera vez que ocurre y en nada se enmarca en principios universales de Derecho. Lo que hace el dinero, la maldad, la ideología y, sobre todo, la venganza. Luego, si todo vuelve a ser nulo, no nos lamentemos ni rasguemos las vestiduras cuando el dinero no venga porque no hay sentencia válida.

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