La novedad más fresca e internacionalmente más sonada tiene cuatro días de vida. Nació el jueves pasado en un tribunal de París, cuando un juez condenó a dos años de prisión —a pasarlos en casa— a Jacques Chirac, quien fue presidente de Francia durante doce años, de 1995 a 2007.

Ha sido declarado culpable de malversación de fondos, abuso de confianza y prevaricación, porque doce años atrás, cuando era alcalde de París, el Ayuntamiento contrató a varias personas para trabajar en esa institución, pero, según la acusación de la Fiscalía, fueron utilizadas para labores en el partido Agrupación para la República, fundado por Chirac.

El trato relativamente generoso que se le da obedece, entre otros motivos, a la edad del procesado (79 años) y a su mal estado de salud.

Hasta ayer Chirac adoptó una actitud digna del aprecio que por él tienen algunos partidos políticos franceses. No apelará—ha dicho, sin ocultar que se siente profundamente lastimado por la sentencia— porque no tiene ya las fuerzas necesarias para afrontar, frente a nuevos jueces, el combate por la verdad. Y reitera sus declaraciones de inocencia.

El caso Chirac se produce la misma semana en que es trasladado de Francia a Panamá el general Manuel Antonio Noriega, quien, siendo presidente de Panamá, fue capturado por fuerzas armadas de los Estados Unidos, trasladado a este país, procesado y condenado a 40 años de prisión por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero. Después fue trasladado a Francia, donde enfrentó otro proceso penal y también fue condenado a prisión, la cual cumplirá en una cárcel panameña.

Pero, una vez cumplida la sentencia francesa, Noriega puede ser privado de la libertad durante 62 años más, como consecuencia de cinco sentencias panameñas dictadas en su contra por malversación de fondos públicos, encubrimiento, peculado, acciones contra la libertad individual y la vida, y otros delitos que incluyen una ejecución extrajudicial.

Teóricamente, pues, pasará encarcelado el resto de su vida, a menos que sus abogados logren una conmuta de pena, o un perdón presidencial, lo cual no sería nada extraño. Un antecedente cercano es el perdón concedido por la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso —pocos días antes de entregar el cargo—, a Luis Posada Carriles, condenado a prisión por terrorista.

La lista sigue: en el Perú continúa preso el expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos, cuando ejercía la Presidencia de la República. Uno de los delitos que oficialmente le atribuyen es el asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, perpetrado por un escuadrón de la muerte, integrado por militares peruanos en servicio activo, en julio de 1992, y condecorados oficialmente después.

El ex presidente de la República de China (Taiwán), Chen Shui-bian, está purgando una condena de 18 años de prisión por haber aceptado sobornos —cuando ejercía la Presidencia— para facilitar la fusión de dos bancos. La sentencia lo obliga, además, al pago de una multa de US$5.92 millones, y se le ha despojado de sus derechos civiles por un término de 9 años. La esposa, Wu Shu-jen, cumple por el mismo delito sentencia de 11 años de prisión y multa de US$3.35 millones, más la suspensión de sus derechos civiles durante ocho años.

El jueves próximo se cumplirá un año de la sentencia a prisión perpetua dictada por un tribunal de Argentina contra el exgobernante de ese país, general Jorge Rafael Videla, declarado culpable de delitos de lesa humanidad, cometidos contra treinta mil argentinos. Y sigue en trámite la solicitud de extradición presentada por un tribunal de Nüremberger por el asesinato de dos ciudadanos alemanes, durante los años de la represión. Naturalmente, hay que diferenciar el caso de Chirac de los otros exgobernantes mencionados; no existe comparación posible.