El Congreso de la República busca por medio de la Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia y la Gobernanza de la SAT, iniciativa 5056, crear el marco legal para la nueva política fiscal y tributaria, útil a las necesidades financieras del Estado. El debate gira alrededor de dos elementos: el secreto bancario y la retroactividad de la ley, dejando de ver otros elementos fundamentales para alcanzar dichos objetivos.

El Derecho Tributario, en sus distintas escuelas jurídicas y económicas, reconoce como elementos fundamentales la legalidad, transparencia, equidad y eficiencia en la ejecución de los recursos recaudados. La cima en este proceso se llama Confianza, la cual llega cuando los contribuyentes obtienen justicia, eficiencia, facilidad en el pago y los recursos pagados o recaudados, que se traducen en obras que generan bienestar y seguridad para toda la sociedad.

La iniciativa en mención propone reformas a la Ley Orgánica de la SAT, Código de Comercio y Ley de Bancos, todas orientadas a mejorar y fortalecer la SAT como ente recaudador. Los niveles de confianza de la ciudadanía hacia la SAT son bajos, por motivos obvios, tres ex superintendentes y un exintendente sujetos a proceso penal, junto a varios funcionarios y operadores de grupos evasores individuales y corporativos. La confianza se gana, no se impone.

El mal manejo de los recursos del erario, abuso de poder y la corrupción llevan al país por el camino del juzgamiento penal de quienes resulten responsables, lo que se aplaude y respalda totalmente. Sin embargo, no todo debe verse con óptica penalista, investigativa o inquisitoria. El éxito en la recaudación tributaria, para ser sostenible, debe ser la Confianza de los contribuyentes y no del temor.

La SAT debe tener una mano firme para quien no paga y una noble para servir al buen contribuyente, facilitando la recaudación, incluso por medio de convenios de pago con intereses y moras si proceden. Su objetivo es recaudar eficientemente, superando la falta de credibilidad y confianza, producto de la crisis institucional que permitió y facilitó el chantaje y extorsión de las anteriores autoridades, aliadas a grupos siniestros, que promovieron la evasión en todas sus expresiones y perversidades.

El secreto bancario, inexistente ahora, ya que la Intendencia de Verificación Especial del Banguat registra cualquier operación en cuentas bancarias personales y corporativas, es una aspiración de la SAT, por medio del acceso a esa información bancaria, sin contar con la cadena de custodia de la información, que asegure que esta no llegará a manos criminales para la extorsión y el secuestro. Una forma de minimizar ese riesgo es contar con orden de juez competente y establecer sanciones severas a quien filtre información dañando a cuentahabientes.

La retroactividad de la ley es reconocida constitucionalmente en materia penal y si favorece al reo. En el caso de la norma por aprobarse se debe considerar que los nuevos entes a crearse, como el Directorio de la SAT o el Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero, podrán conocer hechos cometidos en el pasado, sin poder imponer las nuevas sanciones, ya que fueron cometidos antes de la vigencia de la nueva ley, bajo el principio nulla poena sine lege — no hay pena sin ley.

Los guatemaltecos necesitamos condiciones para la inversión nacional y extranjera; urge confiar sobre la base de la verdad, justicia, eficiencia y transparencia, para que la economía crezca y el Estado pueda generar el Bien Común, su fin supremo.

(*) Diputado al Congreso de la República