Estamos envueltos en un maremágnum de violencia y de problemas económicos que tienen desestabilizada a la población en general. Por un lado estamos asistiendo a flor de piel el grado de corrupción del Estado, ante lo que está saliendo a la luz en los juzgados. Las amenazas de las pandillas criminales extorsionando a toda la sociedad en general, no importando raza o nivel social, deteniendo a jóvenes “huérfanos del narcotráfico” como éxito ¿? Mientras al Estado lo demeritan para pasarlo a manos de los sectores económicos, tal como esa estructura pública-privada, que es más privada que pública.

Esto recuerda un documento escrito por Gustavo Porras Castejón, en: ¿Es posible otro sistema político? “Se sabe el qué pero no el cómo, y en general se piensa que todo es cuestión de voluntad. Pero en un mundo donde todo se vende y se compra, lo único que gobierna es el poderoso caballero llamado don dinero. Esta es la ley que, como toda norma, afortunadamente tiene sus excepciones… Quienes plantean su reforma, generalmente le conceden gran importancia a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y no cabe duda de que esta tiene una significativa incidencia. Pero, al menos en mi experiencia, el verticalismo de los partidos políticos, la ‘dictadura’ del secretario general, la manipulación de las asambleas y la elección de candidatos —entre otros aspectos— no son un producto fatal de la ley y sus contenidos, sino de la posibilidad de desvirtuar la propia ley a través de un único y fundamental recurso: el dinero”. (15-12-20O4)

Es así como otra guerra empezó en la frontera del sur de México, que es de 962 kilómetros de frontera entre Guatemala con México, por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Y en Guatemala, por los departamentos de San Marcos, Huehuetenango, Quiché y Petén, 176 km con Belice. Los trabajadores migratorios temporales en la frontera constituyen una fuerza laboral que cubre las demandas agrícolas, construcción, comercio y servicios en los estados de Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche, muchos sin documentos. Históricamente la mayoría son indígenas de Guatemala.

En los años 70 entraron entre 60,000 a 70,000 a recoger café, y a través de esto se ha ido infiltrando el crimen organizado, ese que nos tiene de rodillas y que no se va a componer con fusilarlos. Se estima que 400,000 personas se refugiaron en México, Belice, Honduras, Costa Rica y Estados Unidos; 45,000 aceptados por Acnur, Comar, se instalaron en 80 campamentos en Tabasco, Campeche y Quintana Roo; 200,000 presionados por el gobierno mexicano se desplazaron a EE. UU., utilizando a los coyotes; 20,000 poblaciones en resistencia, 20,000 desarraigados. En 1997, en Chiapas, Campeche y Quintana Roo había 16,077 refugiados, de los cuales 3,523 regresaron a Guatemala. (Comar-México, Cear y Acnur). Ya hay 1.600,000 emigrantes en EE. UU.

Mientras, Guatemala es utilizada como “puente” por el narcotráfico internacional. Se calcula que por el país pasan unas 150 toneladas de cocaína al año y el 10 por ciento es para el consumo local. En los EE. UU. continúan monitoreando la situación, lo que ha llevado a que el candidato republicano Donald Trump prometa un muro en la frontera. Pero muchos de los traficantes utilizan la vía marítima con el 90 por ciento del flujo de cocaína hacia Estado Unidos. ¿Qué pasaría a las personas de Centroamérica si dos tercios de la cocaína colombiana ya no pasaran a través de Centroamérica hacia el mercado lucrativo de EE. UU.? ¿Y las remesas, que son el 7% de la economía nacional? Sabemos que los traficantes de droga se han infiltrado en los gobiernos, fuerzas policíacas y en sus huérfanos desamparados.

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