Transparentar los salarios pagados a personal del Congreso centró la atención en posibles maneras de mejorar el funcionamiento del poder Legislativo. Veremos hasta qué punto esta iniciativa conduce a la necesaria reforma de su ley orgánica. Regular el transfuguismo, institucionalizar el funcionamiento de las comisiones legislativas, mejorar el régimen laboral y evitar que las interpelaciones bloqueen la agenda podrían ser resultados importantes de estas reformas. Nos dirá hasta qué punto le interesa a la mayoría de diputados darle una nueva imagen a la actual legislatura. Nos dirá hasta qué punto tienen vergüenza o temor al costo político de no mejorar el funcionamiento del Congreso. Sabremos si hay alguna posibilidad de que no siempre predomine la política como fuente de negocios y prebendas.

El maltrecho proceso de elección de la Junta Directiva y la incidencia de políticos tradicionales en el Congreso ilustra las dificultades y limitaciones de llegar a acuerdos mayoritarios. La elección de la Junta Directiva y de las comisiones del Congreso sugiere que la UNE ha surgido como el partido más fuerte en el Legislativo, pero ello se debe en buena parte a la debilidad de los demás partidos, especialmente del PP y de Líder, y se da en un Congreso atomizado. Pero en el caso de las reformas de la ley orgánica del Congreso los réditos políticos de aprobarlas serían importantes, sin excesivos costos. En todo caso, la reforma de la Ley Orgánica del Congreso es un tema al que la ciudadanía, representada por aquellos que salieron a manifestar el sábado 16 de enero, debiera darle seguimiento.

Por otra parte, el éxito de la solicitud del poder Ejecutivo al Congreso para que apruebe un mayor endeudamiento es aún más complejo. Nos dará elementos para evaluar la futura relación entre el Congreso y el poder ejecutivo. Depende no solo del Congreso, sino también de cómo el Ejecutivo maneja su compleja relación con el Legislativo, que ante la evidente debilidad del FCN en el Congreso será principalmente una negociación bilateral directa. La ausencia de diputados del FCN como intermediarios quizás contribuya a que esta relación sea más transparente, pero el predominio en el Congreso de diputados acostumbrados a la transa no es prometedor. También dependerá de la honestidad y capacidad de los operadores políticos nombrados por el Ejecutivo. Se pueden contaminar fácilmente.

La reacción de algunos diputados ante la iniciativa de aumentar el endeudamiento ha sido positiva, pero se trata de una negociación donde el poder Ejecutivo tendrá que dar algo a cambio. Lo ideal sería que la negociación se diera en torno a políticas y no a negocios y prebendas. Lo ideal sería que de la negociación saliera la iniciativa de reforzar algunos mecanismos de transparencia, especialmente en áreas como el de la obra pública. El serio cuestionamiento de la ministra de Comunicaciones justificaría acciones en este sector, que además ha sido una de las áreas más sujetas a corrupción no solo por parte del poder Ejecutivo, sino también del propio Legislativo y de empresas constructoras. Otra área que podría ser parte de lo exigido por el Congreso, es la reforma de la SAT. La elección de un nuevo superintendente y el proceso de reforma de esta institución han estado sujetos a opacidad y a una gran incertidumbre. El mayor endeudamiento solo puede justificarse si existen posibilidades reales de que en Guatemala se refuerce la capacidad de generar recursos propios. Ello comienza con la reforma y el fortalecimiento de la administración tributaria.