El complemento de todo este conjunto de acciones lo constituyó la evaluación de la institucionalidad encargada de la seguridad interna del país, desde el marco de las fronteras, hasta los esfuerzos de la seguridad pública, ciudadana y comunitaria, en barrios, comunidades, municipios y departamentos, para el desarrollo del Plan Estratégico de cuatro años.

La lógica del cambio ha sido, entonces, avanzar sobre metas, indicadores y objetivos de ese plan cuyo contenido trasciende la agenda de un período de gobierno y que se situará, sin duda, en el marco de una agenda de Estado. Ese debe ser el legado.

Parte medular del mismo lo constituye el desarrollo de planes específicos pero concatenados, que contemplan la renovación de la PNC, del Sistema Penitenciario, de los Servicios de Seguridad Privada y de Migración, entre otros, como un todo, pues estamos claros en que los logros en cada campo implican incidencia integral en el escenario general de la seguridad del país. El 2012 implica entonces el agotamiento de la primera fase.

Dos líneas de acción son importantes: La primera, que se basa en el fortalecimiento institucional a través de una reingeniería profunda para instituir un Sistema de Gestión Integral por Resultados, que dé transparencia, efectividad de ejecución y calidad del gasto y, sobre todo, respaldo logístico a todas las acciones, y la segunda, que se enfoca en la modernización de los entes de seguridad: Desarrollo del capital humano, adopción de tecnología y medios de acción, garantizarán dar un salto cualitativo.

Resultados, a pesar de ser un año de reingeniería y ajustes, nos deja el 2012 con la validación de un planteamiento emergente en el marco de la administración de crisis de seguridad: Fuerzas de Tarea Temáticas, con una metodología de trabajo interinstitucional, que arroja números por demás satisfactorios en la lucha contra el crimen organizado. Fuerzas de Tarea Territoriales, Ejército-PNC, para recuperar espacios en manos de la delincuencia.

Las estadísticas nos dan la razón.