El domingo recién pasado una bomba estalló dentro de un bus. Dos fallecidos y quince heridos se reportan como saldo trágico, ni decir de los miles de aterrados, el daño material y el miedo al futuro. Se quiso sembrar terror y se logró.

En San José Pinula se produjo un acto terrorista. Si el Código Penal aplica o no para señalar que hay terrorismo, dejémoselos a los expertos; urge hallar a los responsables y encausarlos por el crimen. Esto no puede quedar en la impunidad.

Los primeros indicios señalan que se trata de extorsionistas organizados en maras que ahora llegan al extremo de utilizar bombas. Las explicaciones son escuetas y poco se sabe sobre lo ocurrido, lo cierto es que la bomba explotó.

Nuestro país ha gastado millones de millones de quetzales para subsidiar un servicio de transporte deficiente y peligroso. Ante la ausencia de políticas municipales coherentes cada municipio es un mundo aparte, así que creer que existe una política nacional de control y custodia de los buses en el ámbito nacional es mentira.

Pero, ¿qué hacemos con estos mareros que utilizan bombas? —y no es el primer caso—. Si nos quedamos en la miopía tradicional adoptamos el discurso de que todas estas personas deben ser aprehendidas, metidas a la cárcel y, si se puede, condenarlas a muerte; como dicen las redes sociales: asunto arreglado. Señalamos que esto es miope porque la organización juvenil en maras responde a un fenómeno social mucho más amplio y complejo que no se resuelve así.

En su reciente visita, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, William Brownfield, señaló que el fenómeno de las maras constituye una amenaza a la seguridad del país más rico y poderoso del mundo. En tanto, ¿qué hacemos nosotros?

Es imposible que las maras se organicen y sean dirigidas solo de forma empírica, así que el narcotráfico se sirve de ellas. La cultura de la violencia, que en alguna de sus formas se proyecta con sicarios, busca a esas organizaciones y —¿por qué no decirlo?— a cualquiera que quiera delinquir, y si tiene plata contacta esa estructura.

Si las maras son un fenómeno social y dentro de ellas existen miles de patojos organizados, ¿qué políticas existen para ir tras las causas y no solo ver los efectos? Por ejemplo, solo en 2013 hubo 4,354 partos de niñas de entre los 10 y 14 años, y la dinámica de esas violaciones sigue a la fecha. ¿Qué futuro tiene un hijo que nació de una madre de 12 años violada, en la mayoría de casos, por algún familiar? Hemos aprendido a vivir junto a la violencia y hoy, San José Pinula nos debe llenar de valor para saber enfrentar el futuro.

El sistema de justicia debe asegurar juicio y castigo a los cobardes que accionaron la bomba, de esto no hay duda, pero si el fenómeno social no lo atajamos desde las causas y seguimos a la espera de milagros, todos hacemos cola para seguir en la lista de víctimas de estos criminales. También rechacemos a los que propugnan por una “limpieza social” por medio del Estado. Eso es convertirnos a todos en terroristas y de eso ya tenemos mucho en la historia.

Sin educación y salud no hay acceso a un mundo libre y la libertad, de todos los derechos, es la esencia de la vida digna. En un país donde buena parte de los embarazos no son un acto de libertad, sino de violencia familiar, seguiremos en el caldo de cultivo perfecto de lo que hoy vivimos.