El informe de la Cicig sobre el financiamiento de los partidos políticos nos lleva a la siguiente pregunta: ¿en Guatemala podremos hablar de financiamiento del crimen organizado o es que quienes forman parte de la institucionalidad del Estado son el mismo crimen organizado, y por lo consiguiente ya no se puede hablar de un Estado cooptado o secuestrado por él, sino que lo han convertido en un Estado criminal?

Si bien es cierto que el informe de la Cicig no descubre nada nuevo, porque siempre lo hemos hablado, analizado, pero su valor agregado es que confirma todo y que ahora ningún partido político, sin distinción ideológica, podrá negar que en mayor o menor medida realiza su campaña con capital ilícito. Ante esto también falta aclarar qué es enriquecimiento ilícito y enriquecimiento lícito, cuando a todas luces el enriquecimiento que se fortalece por la vía de la acumulación, provocando que la gran mayoría se empobrezca, también es ilícito, algo así como quienes han acumulado tierras en el país, desalojado o usurpándoselas a los verdaderos dueños.

Con el informe podremos explicarnos por qué el maestro, el Cocode, el albañil, el zapatero, el carpintero, el pastor, empleados bajos y medios de instituciones de Estado, o personas con recursos, fácilmente llegan a ocupar un puesto público sin necesidad de que sean conocidos por el municipio o departamento. Solo con el hecho de acarrear gente para los mítines, darles una gorrita, lámina, cemento, abono, comida, pagándoles el jornal, como ahora está pasando en todo el país, cuando en los diferentes vehículos que se estacionan frente a las sedes de los partidos o la casa del candidato son llevados hombres y mujeres a ofrecer toda clase de proyectos con el fin de engañar (digo, convencer) a la gente para que voten por ellos, mientras a quien dirige este grupo también se le ofrece un puesto institucional si llegan a ganar.

Pero donde está el centro del problema, y el informe lo recalca con mucha importancia, es que con una institucionalidad débil, los delitos electorales, como cualquier otro delito, están sujetos a no ser sancionados o castigados. Tenemos una regulación pobre para sancionar este tipo de delitos, y si la hubiera, con el modelo de institucionalidad que tenemos, donde privan el compadrazgo y la compra de voluntades, en donde es más fácil que refundan por muchos años a líderes comunitarios que a un criminal, también siempre será fácil que un partido político evada su responsabilidad.

En este sentido, entonces, no solo se requiere reformar la LEPP, también se hace urgente cambiar. Implica hacer reformas profundas al Estado, hay que promover una nueva conciencia ciudadana y que limite la presencia de esta bola de corruptos y criminales que se hacen llamar políticos. Es por eso que se debe escuchar la voz de los pueblos cuando dicen: “En estas condiciones no queremos elecciones”.