La divulgación de los sueldos que devenga la mayoría de empleados del Congreso de la República patentiza el vergonzoso proceder de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de dirigir instituciones públicas y de sus perniciosos efectos.

Esto no solo los retrata como irresponsables administradores, sino que desnuda el inmoral proceder de muchos de los que actúan en nombre del Estado, como es el caso de Jorge Méndez Herbruger, quien cuando fue presidente del Congreso ratificó pactos laborales que son perjudiciales para el país.

Varios de esos acuerdos han sido insostenibles y han distorsionado la distribución de la recaudación tributaria, pues muchos de los recursos captados se deben dirigir a cumplir esos leoninos compromisos.

Pero también son responsables, por su indolencia, quienes le sucedieron en ese cargo, pues lejos de denunciar la insostenibilidad de esos pactos, acrecentaron las prebendas y convirtieron el Parlamento en una de las más inmorales agencias de empleo, ya que la mayoría de las plazas se otorgaban con criterios poco éticos.

Uno de esos expresidentes, Pedro Muadi, está ahora sindicado de haber creado numerosas plazas fantasmas para su propio enriquecimiento, algo que acaba de reconocer una de sus más cercanas colaboradoras, quien le ayudaba en otras de sus empresas y aceptó bajo juramento que tenía dos plazas en el Congreso, por las cuales cobraba un salario injustificado.

Otros expresidentes del Legislativo, como Arístides Crespo y Luis Rabbé, llevaron a extremos la contratación de personal, con el único propósito de concederles un espacio clientelar a sus allegados a cambio de votos para poder ocupar de manera deshonrosa altas posiciones.

Por denuncias como esa es que ahora se tramita la entrega de información a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a fin de esclarecer el proceder de las últimas juntas directivas del Congreso y así determinar procedimientos de contratación e individualizar a quienes tomaban esas decisiones.

Eso es algo que debe investigarse a fondo porque exageraron el crecimiento de una burocracia inútil en ese organismo y con ello acentuaron el carácter de lesividad para el Estado, ya que el Organismo Legislativo se había convertido en uno de los centros de trabajo más apetecidos, sin límites, al punto de que solo se podía ingresar en él mediante sobornos o claramente por decisiones de la alta jerarquía.

No por gusto su último expresidente buscó corromper a más diputados con la oferta de concederles más plazas a cambio de votos, lo cual se lograría con la creación de una entidad a todas luces inútil, con la que solo se buscaba incrementar los beneficios para sus incondicionales.

Una de las conclusiones que se pueden obtener de lo que se observa en el Congreso de la República es la manera irresponsable como se actúa en la administración pública, un modelo que está incrustado en muchas otras dependencias y que plantea la gran incoherencia de un Estado que afronta su peor crisis financiera.