Dos lecturas sobresalen en los últimos acontecimientos relacionados con el caso TCQ. Por un lado resulta deplorable que ahora también se produzcan señalamientos en contra de dos ex procuradores generales de la Nación, por supuestamente haber avalado la oscura negociación que habrían hecho los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti.

Esa imagen, tristemente, arrastra de manera poderosa la del país, porque Guatemala no termina de enderezar el rumbo y pese a las múltiples denuncias de corrupción en contra de un número inconcebible de exfuncionarios, todavía no se ha llegado a ningún juicio que estimule alguna celebración.

Lamentablemente, a los ojos de la mayoría de ciudadanos, muchas de estas informaciones se perciben como ciertas, sabidos de las constantes triquiñuelas en la administración pública para buscarle la vuelta a la legalidad y que se puedan hacer negocios a la sombra del poder.

Eso ha sido común durante los últimos años y por ello no extraña encontrar denuncias como la presentada el pasado lunes en nuestras páginas por parte de la diputada Nineth Montenegro, quien ha señalado ahora a los ex procuradores generales de la Nación de tener algún nivel de responsabilidad en esas turbias negociaciones.

Posibilidad que también resulta natural, porque precisamente la tendencia ha sido que los gobernantes nombren en puestos estratégicos a gente de su confianza para así poder operar a sus anchas.

La segunda lectura que presenta el lado positivo de esta batalla contra la corrupción es que el sistema de justicia, principalmente en lo concerniente a la persecución del delito, encabezado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, está dando muestras claras de que la criminalidad puede ser combatida con eficacia.

En esa cadena que busca cerrarle el círculo a la corrupción solo falta que jueces y magistrados se sumen al esfuerzo de frenar cualquier expresión de criminalidad, sobre todo la de cuello blanco, que había sido una de las más impunes y quizá la que mayor daño le hace a estos países, por la danza de millones de los que se oye hablar en hechos repudiables.

Para muchos inversionistas la primera imagen pesa mucho en decisiones inmediatas y resulta comprensible cierta resistencia a trasladar recursos a nuestro país, aunque una interpretación más honesta debe reconocer que el esfuerzo porque impere el estado de Derecho es genuino y eso es lo que más puede contribuir a generar confianza entre los grandes inversionistas.

Por ese motivo la resolución del caso TCQ requiere de la mayor madurez y entereza, porque si bien la infraestructura de esa naturaleza es necesaria para el país, esto se debe hacer con transparencia y sin que medien negociaciones que van en contra de los intereses nacionales.

Para ello también es imprescindible que el sistema de Justicia envíe un claro mensaje de que el abuso de poder y las negociaciones irregulares no pueden tener cabida en un Estado que se respete.