El 31 de marzo se cumplen cuatro años de la muerte de los jóvenes Nahomy Lara, Juan Carlos Velásquez y Ángel Rodolfo de León, en circunstancias aún no esclarecidas. Los tres formaban parte del grupo de 17 estudiantes de Biología de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG) que realizaban una gira de trabajo para observar aves, cocodrilos, murciélagos y peces en la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), en El Estor, Izabal.

La versión oficial —que sostienen la Universidad y la empresa— es que los muchachos se ahogaron, pero hay muchas contradicciones en la historia y algunos sucesos, como un golpe en la cabeza de uno de ellos y los cuerpos sin chalecos salvavidas —cuando se había asegurado que al subir a la embarcación los llevaban puestos—, que no fueron correctamente investigados. Además, nadie se explica cómo Ángel, buen nadador y capacitado en salvamento, pudo ahogarse a 10 metros de la orilla y por qué en su mochila aparecieron papeles y recibos con nombres de personas desconocidas.

Otro motivo de incertidumbre y perspicacia ha sido la posición asumida —desde el primer momento— por las autoridades universitarias y de la minera, que en lugar de facilitar información y acceso al lugar y a documentos, los han negado. Enormemente llamativo resulta el esfuerzo que se ha hecho para entorpecer las investigaciones, cuando se supone que lo ocurrido fue un accidente.

Desde entonces —y a pesar de la tenacidad de sus padres y madres—, el sistema se ha encargado de colocar todos los obstáculos posibles para que no se llegue a la verdad: resoluciones dilatorias que no han hecho sino retrasar interminablemente el proceso, diligencias de investigación autorizadas que luego fueron suspendidas, y el uso abusivo de los amparos para no dejar que se avance. El colmo es que el Ministerio Público haya tenido que interponer un amparo para poder realizar las exhumaciones de los cuerpos, porque el mismo juez que las había autorizado, luego las suspendió a petición de la empresa. En este momento aún se está a la espera de que la Corte de Constitucionalidad conozca un recurso que se interpuso contra una resolución de la sala de Apelaciones de Zacapa, que benefició a la CGN y a la Universidad.

A estas alturas —48 meses después de la tragedia—, apenas se ha avanzado en el caso y las familias continúan siendo revictimizadas. Cualquiera que haya sufrido la pérdida de un ser querido —sobre todo si es un hijo— sabe el inmenso dolor que esto supone y el enorme peso que hay que soportar cuando no se logra cerrar el duelo.

Lo que estas familias exigen es una investigación exhaustiva que permita llegar a la verdad de lo ocurrido aquella noche en El Estor y que el sistema judicial —en lugar de convertirse en un obstáculo— coadyuve con este propósito y actúe con independencia y celeridad.

Lamentablemente, aún y cuando ha habido avances en casos de alto impacto social, existe una enorme demora en la resolución de otros procesos y el sistema continúa dando muestras de agotamiento y porosidad. La muerte de estos tres jóvenes estudiantes es una muestra de cómo en Guatemala resulta una tarea titánica la averiguación de la verdad y la aplicación de la justicia, y de cómo las familias se ven inmersas en un grado de desgaste que muchas veces les obliga a desistir.

Nahomy, Juan Carlos y Ángel Rodolfo —y sus familias— merecen que este país no les dé la espalda. Las autoridades universitarias de la del Valle y los personeros de la minera están llamados a coadyuvar a agilizar el proceso de averiguación y a no entorpecerlo, y los operadores de justicia, a actuar con independencia y prontitud.

@MarielosMonzon