El presidente Jimmy Morales expresó hace algunos días que está dispuesto a aplicar la pena de muerte si la ley así lo ordena. Con esto parece entrar en una nueva etapa la discusión sobre la pena capital, pues desde el tiempo del presidente Álvaro Colom está bloqueado el decreto que confería al jefe del Ejecutivo la responsabilidad de indultar a quienes han sido sentenciados a muerte.

El momento es propicio para que el espinoso tema de la pena capital entre en discusión. Los crímenes de alto impacto siguen de frente, a pesar del esfuerzo de las autoridades de Gobernación por contener ese flagelo. Entretanto, las investigaciones han demostrado que las organizaciones criminales avanzan sin piedad hacia sus objetivos.

A esta evidente realidad se debe agregar que hay sectores que por convicción religiosa o aludiendo a posiciones internacionalistas discrepan sobre el derecho de la sociedad a terminar con la vida de quienes delinquen cuando el proceso judicial se ha agotado hasta sus últimas instancias y, sobre todo, cuando los criminales han quedado más allá de toda posibilidad de que sean exitosos los planes y los esfuerzos por reintegrarlos a la sociedad, que se ve amenazada en forma igualmente evidente y sin posibilidad de defensa.

Es importante hacer un ejercicio profundo para analizar lo relacionado con la pena máxima desde todas las perspectivas posibles. Siendo este un Estado laico, las creencias religiosas ciertamente son importantes, pero no deberían ser determinantes para condicionar el cumplimiento de la Ley. La presión internacional también es inocultable, pero no puede definir cómo enfrentar los problemas nacionales. Los países amigos pueden apoyar el desarrollo, pero su mejor papel es la observación y el consejo.

Vale la pena recalcar que hace poco emergió un argumento distinto: la pena de muerte no es un disuasivo, sino el máximo castigo para los criminales imposibles de regenerar. No busca, y es erróneo considerarlo así, amedrentar a los delincuentes reales o potenciales. Castiga a quien ha cometido numerosos crímenes con todos los agravantes y que por eso atenta directamente contra los principios de la sociedad.

Este argumento obliga a reenfocar la discusión. La sociedad debe estar clara en que los crímenes contemplados como causales de pena capital deben ser castigados. La permanente excusa para no aplicar ese castigo hace que el imperio de la ley quede bajo permanente cuestionamiento y permita defender primero los intereses y derechos humanos de los victimarios antes que los de las víctimas.

En tiempos en que la barbarie se apodera de las calles, la presión policial es insuficiente. El Ministerio Público o cualquier otra instancia han logrado contener a los delincuentes, con el resultado de zozobra a la población, como lo comprueba el desesperado clamor ciudadano para que pueda defenderse de la insania y total desprecio por el valor de la vida humana. La necesidad de encarar este tema no excluye entender que se trata de un caso en el que se debe escoger entre un mal menor y otro mayor y de peores consecuencias, en circunstancias de un momento histórico específico.