El señor Álvaro Arzú Irigoyen, alcalde de la ciudad, padece un fuerte deterioro de sus facultades mentales. La prudencia aconseja apartarlo del cargo para que busque asistencia especializada, antes de que se produzca una situación más peligrosa. Sus insolencias reiteradas no son expresiones de una personalidad extravagante, sino manifestaciones del agravamiento de un padecimiento degenerativo que puede ocurrir en cualquier persona, debido a la edad.

En medio de la crisis, realiza un nuevo desplante donde nuevamente llama a la violencia. Cuando más necesidad se tiene de templanza y moderación; con descaro se expresa con una insolencia repudiable. Para la mayoría, los miles de muertos del enfrentamiento armado del siglo pasado mueven a la convicción de evitar un nuevo desangramiento. Reiniciar la guerra civil no es un chiste.

En estos años se ha insistido en que los alineamientos político militares ya no existen ni explican el actuar cívico. Los acuerdos de paz divulgan la justicia de peticiones y acciones; por lo tanto, los partidarios de esas demandas están impedidos de usar medios violentos para concretarlas, o ser reprimidos por impulsarlas.

Obvio, suceden desacuerdos sobre el alcance de los programas de gobierno, medidas administrativas y acciones de diversos actores sociales. Pueden acaecer excesos, tanto en la demanda como en la defensa de situaciones controversiales.

La Policía Nacional Civil debe actuar para asegurar el régimen de legalidad. Debe asumir una actitud preventiva para evitar una intervención de fuerza. Procederá obligatoriamente, si se quebranta la paz. Las pendencias se resolverán sobre la base de los dictados de ley. Con respeto tanto a los derechos adquiridos que en caso de modificación suponen indemnizar cualquier menoscabo, como evitar el uso de medios desproporcionados. Los tribunales de justicia dirimirán, resolverán las controversias y se respetarán las sentencias por todos.

Una guerra puede terminar con una victoria absoluta o por una negociación que establece la paz. Un acuerdo entre los contendientes se explica porque la mayoría está harta de la violencia. Acepta moderar sus puntos de vista para evitar mayores males. Siempre quedarán grupos irredentos que busquen agravar los conflictos para que adquieran un carácter bélico. Únicamente la tolerancia política combinada con apego a la ley, por parte de la mayoría de los ciudadanos, puede evitar ese agravamiento.

En el litigio sobre la presencia o cambio del comisionado de la Cicig, que habrá de resolverse con una negociación con Naciones Unidas, se mostró la erupción de pasiones perentorias. La posición del presidente ha sido apresurada pero está enfocada en su pretensión. Otros están enfocados en avanzar la destitución del presidente. No se aprecia a individuo alguno preparando a sus partidarios para asumir medios armados que resuelvan la pendencia.

Contrasta la actitud del alcalde de la capital, que llama a la guerra. Sus adláteres, para mantener privilegios, quisieron suavizar la declaración, indicando que era guerra contra la basura, lo que no deja de tener un significado inconsciente. Perpetuarlo en el puesto busca sostener una administración edilicia que ha hecho uso extensivo de los recursos financieros caprichosamente y que debe ser auditada.

El retiro de las funciones de la alcaldía significa para Arzú minimizar sus últimas desvergüenzas para que sea recordado como el gobernante que por encima de una oposición con peso político se decidió a concretar la paz. Sus cercanos y amigos no debieran esperar a que salga enlodado.

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