En Guatemala, el tema de la niñez ha sido considerado un asunto de señoras o de política “menor” —si es que hay una “mayor”—. No sucede como en El Salvador, por ejemplo, donde el mismo presidente y los ministros de Estado forman parte del Consejo Directivo del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia. Esto implica que cada discurso y cada acción que realizan desde sus ámbitos de incidencia están amarrados al tema de niñez, porque este ha sido asumido como prioritario en la agenda política del Estado.

El tema de niñez es un problema de urgencia nacional que no se ha dimensionado en toda su magnitud. ¿Quieren evidencia? Ayer la Comisión del Menor y de la Familia del Congreso de la República, luego de un proceso liderado por esta desde el año 2016, pero acompañado por Organizaciones de Sociedad Civil y Organismos Internacionales, convocó a representantes del más alto nivel del Ejecutivo, del Organismo Judicial, de las Iglesias católica y evangélica, y a todos los integrantes del G4. De este último solo llegó el procurador de Derechos Humanos, quien liderará ahora también este proceso. Ni del Ejecutivo ni de las Iglesias llegó nadie, y del MP, el OJ y la Usac llegaron representantes. Esto habla recio.

Estuvieron también presentes representantes de organismos internacionales que han acompañado históricamente el tema, pero que no terminan de representar ampliamente a una cooperación internacional que necesitamos apoyando fuertemente este tema. Más allá de las agendas de la cooperación, hay una necesidad profunda de ponerle atención a la grave situación de la niñez guatemalteca, y esto precisa de un respaldo político serio.

Va quedando claro que el tema nos compete a todos los sectores, por eso es un asunto de Estado, no solo de gobierno. El tema de niñez debe ser eje prioritario de las agendas políticas actuales y futuras del Estado guatemalteco. Y es que acá no hemos entendido que no hemos entendido; lo que no se haga por la niñez de hoy es lo que seremos como país y sociedad en décadas futuras. Hay un informe llamado “Porciones Desiguales” (Save The Children) que dice que, de seguir como vamos, la desnutrición crónica se erradicará en Guatemala hasta el 2116. Y es que entre sobrevivir y prosperar la diferencia no estriba solo en repartir alimentos, sino en erradicar la profunda e histórica exclusión social.

Podría entrar a citar cientos de relatos y estadísticas que confirmen lo incapaces que hemos sido en proteger y cuidar a nuestra niñez y adolescencia —esas estadísticas que Carlos Monisváis definió alguna vez como “la nueva poesía”—, pero no es este un artículo enumerativo. Sin embargo, y ya que toda incidencia debe sustentarse en evidencia, solo me referiré a datos reveladores de estudios hechos en este campo por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), que muestran a Guatemala como el país en la región que menos dinero invierte en la niñez. Imposible no traducir esto como negligencia, como falta de interés y voluntad política, como desconocimiento, como ignorancia, miopía y estupidez.

Entiendo que haya temas sensibles cada día que ameriten la atención de los medios, de la sociedad en general y de la clase política o empresarial, en particular. Pero ninguna justicia podrá ser jamás más importante que la esperanza de que en Guatemala se viola, se mata, se desnutre, se abusa o se tortura cada día. Ninguna impunidad más grave que la que se tiende sobre la niñez que muere de hambre o de violencia, sin que se responda categóricamente ante ello. Ninguna corrupción peor que la que obliga a tantos y tantas a no tener más opciones que las maras, la prostitución y los embarazos tempranos. Así que bienvenido sea este Diálogo Nacional por la Niñez y la Adolescencia, que seguro dará los lineamientos de la nueva Política Pública en este campo.