A casi un mes del asesinato de los periodistas Danilo López, de Prensa Libre; Federico Salazar, de Radio Nuevo Mundo, y Giovanny Villatoro, de un canal de cable de Suchitepéquez, las investigaciones iniciadas para dar con los responsables aún no han llegado a un feliz término, y el caso acaba de ser trasladado a un tribunal de Alto Impacto, en la capital, el cual deberá asumir esa tarea.

Existen sospechas sobre que destacados políticos de esa región estarían involucrados en la autoría intelectual del crimen, y principalmente las denuncias iniciales recayeron sobre el alcalde de Mazatenango, en cuya residencia se denunció que había buscado refugio uno de los presuntos sicarios. Lo cierto es que en esa localidad ha sido sumamente difícil la labor periodística, no solo por el hostigamiento de funcionarios hostiles, sino porque también confluyen las fuerzas de otros grupos criminales y existen jefes ediles que actúan como monarcas, situados por encima de toda ley.

El empujón que el alcalde capitalino le dio el martes recién pasado al periodista Mario Antonio Sandoval, vicepresidente y columnista de este periódico, no puede ser considerado como un hecho sin relación con el ambiente enrarecido que se ha creado alrededor de la actividad periodística independiente. Ante la sospechosa creación de la absurda Fundación contra el Terrorismo Mediático, es evidente que funcionarios arrogantes y necesitados de esconder sus acciones inmorales e ilegales se sienten motivados para actuar en la forma como lo hizo Arzú.

No puede dejar de recordarse que en este momento hay juicios entablados fuera de un tribunal de Imprenta por la Vicepresidencia de la República, y que en el pasado reciente se han dado casos de entidades privadas que han arremetido contra comentaristas, siempre fuera del marco de la ley respectiva. Ello pareciera no tener relación, pero sí la tiene porque ayuda a fomentar y a cimentar un ambiente hostil contra la actividad periodística, tanto en lo noticioso como en lo investigativo y en la opinión.

En una sociedad con los graves problemas de corrupción a todo nivel como los que sufre Guatemala, la Prensa se va convirtiendo en el último baluarte para la defensa de la sociedad contra los corruptos, y esa es precisamente la animadversión que funcionarios inescrupulosos muestran ante los periodistas, porque son los únicos que en algo pueden contribuir a la denuncia sobre los malos manejos de los recursos de los contribuyentes.

En los últimos tiempos se ha escrito mucho sobre el mal ambiente que rodea a la Prensa en muchos sectores de poder en Guatemala, fenómeno que alcanza extremos intolerables cuando se atenta contra la vida de quienes ejercen el periodismo, como ocurrió hace tres semanas en Suchitepéquez

Esta, sin embargo, ha sido una práctica recurrente en otros departamentos del país, sobre todo con demandas judiciales que no tienen respaldo jurídico por el claro contenido de la Constitución, pero sobre todo por la forma como muchos funcionarios se refieren a los comunicadores y a su labor, como si el daño no fuera mucho más trascendental.