Para erradicar los altos niveles de corrupción, represión, impunidad e incumplimiento a los derechos sociales de la población guatemalteca, es de urgencia nacional la depuración y reforma de los organismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En tal sentido, es vital que renuncie Otto Pérez Molina, porque representa a esos poderes fácticos que viven del Estado y por ello, son los principales interesados en garantizar la impunidad.

Entre las reformas de fondo urgentes que refuerzan la institucionalidad pública, están las normativas del servicio civil, la Ley de contrataciones del Estado y del Organismo judicial y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), estas acciones son necesarias para salir paulatinamente de este tsunami político e institucional que sacude fuertemente a Guatemala.

En las sucesivas manifestaciones, las guatemaltecas y los guatemaltecos hemos expresado con claridad que ya no queremos criminales en el Congreso, Ejecutivo y Judicial; rechazamos que hayan convertido al Estado en un botín, del cual se han servido a manos llenas a costa del empobrecimiento y agudización de las injusticias sociales que aquejan a Guatemala.

Supuestamente, el Congreso está anuente a escuchar las propuestas de las mujeres y feministas, jóvenes, pueblos Maya, Garífuna y Xinka y otros sectores de la sociedad civil, pero está empecinado en obligarnos a acudir a las urnas electorales con las mismas reglas rancias de la politiquería. Pretende hacernos creer que tiene la disposición de reformar la LEPP, eso sí, para que entre en vigencia en las siguientes elecciones. Lo peor es que las diputadas y diputados pretendan vernos la cara de bobas y bobos, y ellos ganar tiempo para ocultar sus hediondeces.

Como el Congreso se niega a reformar la LEPP para estas elecciones y ante sus prácticas dilatorias, la sociedad civil organizada entre la que figuran: Asociación de Mujeres Mayas (Moloj), Atrahdom, Sitradomsa, Alas de Mariposa, Convergencia Cívico Política de Mujeres, Naleb´, Aesmak, Proyecto Miriam, Abogadas y Notarias Asociadas, Ashigda, Voces de Mujeres y Mujeres en lo individual respaldan la propuesta de reformas que a más tardar presentará el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 17 de junio del presente año.

El TSE debe tomar en cuenta las propuestas que las expresiones multisectoriales están dando a conocer, a fin de presentar una iniciativa de ley unificada, integral e incluyente con perspectiva de género y étnico/racial ante el Congreso, las cuales deberá aprobar. Si se incumplen estas demandas, las elecciones podrían ser “muy legales” pero no legítimas.

Por otro lado, el Organismo Ejecutivo y la Corte de Constitucionalidad deben dar luz verde para que las reformas a la LEPP tengan vigencia y aplicación inmediata en esta contienda electoral.

Hacer de oídos sordos a las demandas plurales de quienes continuamos manifestándonos en las calles y en la Plaza de la Constitución, es no entender que Guatemala ha tocado fondo. Si Otto Pérez Molina no renuncia y el Congreso se niega a reformar la LEPP, el paro nacional es inminente y consecuentemente, lo mejor será que no vayamos a las urnas a votar el 6 de septiembre.