SEGÚN LA TEORÍA POLÍTICA, el antejuicio es una figura legal necesaria para proteger a determinados funcionarios —entre ellos el Presidente, el Vice-presidente, los diputados y los magistrados— de acciones malintencionadas cuyo fin sea acusarlos de delitos falsos o de exagerar la importancia de acciones, expresiones u opiniones de ellos. Por ello Congreso de la República debe realizar un análisis, un ante-juicio, a fin de determinar si procede el inicio de acciones legales. Quitar el antejuicio no implica necesariamente la culpabilidad del acusado, pero sí debe ser considerado como una llamada de atención, como mínimo, o una actitud cuyo fin es permitirle a quien pierde ese derecho defenderse como lo hace cualquier ciudadano.

LA PRÁCTICA, EN ESTE país, es otro cantar. Desde el principio de la etapa de la democracia electoral vigente, al antejuicio se le ha considerado como un impenetrable blindaje de estos funcionarios para impedir a la ciudadanía poder hacer frente a toda clase de abusos, ilegalidades y en un caso específico, al menos, hasta hechos criminales. No puede ser eliminado porque ello en Guatemala significaría abrir de par en par la puerta a acusaciones de todo tipo, causantes de la paralización de la tarea encomendada a los funcionarios electos o nombrados. En Guatemala el antejuicio se parece a la interpelación, derecho de los diputados cuyo abuso ha causado no sólo esa paralización de tareas, sino el desprestigio de la medida ante los ojos ciudadanos.

EL ANTEJUICIO DEBE SER utilizado, porque hacerlo constituye una de las formas más claras de señalar la eliminación o al menos la disminución de los abusos. En el caso actual del país, el Congreso se ha convertido en el centro de toda clase de ilegalidades, malacrianzas y acciones vergonzosas muchas veces al margen de la ley. Es muy claro el caso de los ocho diputados a quienes el Ministerio Público ha solicitado antejuicio. De sus abusos e injurias pasaron a los delitos de discriminación, abuso de autoridad, tráfico de influencias y concusión, de manera inconsciente a causa de su escasa capacidad de raciocinio, pero no por ello aceptable legalmente. No constituyen chivos expiatorios, sino ejemplos del final de aceptar irregularidades.

EL PRESIDENTE MORALES, a 94 días de su mandato, parece haberse dado cuenta de la imposibilidad de defender a quienes ni siquiera saluda cuando llega al Congreso. Todos los acusados son multitránsfugas, verdaderos ejemplos de todo lo negativo posible de acumularse en alguien cuando se integra a un partido con el único fin de beneficiarse. Entre todos acumulan 32 cambios de bandería política, una presunta participación en el asesinato de dos periodistas, y otro hasta fue expulsado de la banda liderista, lo cual es el colmo. Ninguno es conocido ni recordado por acciones serias dentro del pleno, y los cambios de partido solo comprueban la calidad moral de prácticamente todas las agrupaciones electoreras integrantes del Congreso.

ESTO DEBE PARAR, Y YA. Ninguno de los ocho innombrables merece continuar en el parlamento. Debe seguir, eso sí, la lucha por limpiarlo de los elementos depurables, como ya se hizo inmediatamente después del serranazo. El partido oficial tampoco tiene alternativa y aplicar los principios tan publicitados de cero corrupción, uno de cuyos elementos peores es el abuso, la ilegalidad, el aprovecharse de la calidad de diputado para cometer todo tipo de desmanes. Expulsar o al menos no proteger a quienes apuñalan, aunque sea su costumbre, no constituye una puñalada, sino una actitud indispensable y esperada por la población. El MP tiene el apoyo de la población y debe aprovechar la oportunidad para utilizar la fuerza moral contra esta ralea.