Independientemente de los perjuicios —que desconozco si son reales—, esas torres han sido causa de disputa en el país. Mas para facilitar el camino a las empresas, el Congreso aprobó en abril una ley según la cual podrán usar cualquier espacio para instalar postes, cables y maquinaria en lugares privados o públicos. Lo prohibido será impedírselos. Pueden colocarlos en ríos, lagos, puentes, aceras, arriates, áreas verdes y calles. Eso dice la ley. No es interpretación mía. También concede libertad para que hagan pedazos árboles y cuanta vegetación les estorbe. Debido a que siempre habrá quien defienda su espacio, la ley dicta de una vez penas de seis a ocho años de cárcel y hasta Q25 mil de multa para quien se oponga. Suena estúpido, pero es cierto. Incluso, advierte que si los policías municipales o de la PNC no reprimen a quien se oponga, también se irán presos.

Advierto que ya hay “expertos en telecomunicaciones” hablando por ahí burradas. Dicen que hay desinformación, que la ley es buena, que solo pondrá tope a los cobros de las alcaldías. Por eso, si le interesa el tema, no se deje llevar por mi opinión ni por esas declaraciones cínicas. Léala directamente. La encontrará en línea bajo el mentiroso nombre de “Ley de Control de las Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para la Transmisión de Datos”. Digo mentiroso porque el nombre no coincide con el contenido. Lo de controlar las comunicaciones en las cárceles es un anzuelo para que nadie la objete y, por el contrario, la celebre aunque ni la lea. La verdad es que solo uno de 17 artículos se refiere —y mal— al intento de impedir las extorsiones. El resto del veneno beneficia a las empresas de cable y telefonía. A eso se debe que los alcaldes hayan planteado inconstitucionalidades ante la CC, la cual ya negó una argumentando que todo está bien.

Esa ley es una anomalía antidemocrática, incongruente, falaz, perversa y contradictoria. Es tan absurda que, en esencia, dice que debido a que no hay cable e internet en todo el país, hay extorsiones desde las cárceles, por lo tanto, será permitida la instalación de torres donde las empresas quieran.

No es posible que la CC permita una aberración de ese tamaño. La Constitución protege a la población del oligopolio. Los diputados que la propusieron para favorecer a Tigo, Claro y Telefónica bien podrían ser declarados mentalmente inhabilitados, lo mismo que las dos terceras partes que la aprobaron “de urgencia nacional”. Esa postura esclavista se parece a cuando el gobierno cedió espacios y garantías, a principios del siglo XX, en favor de la United Fruit Company.

Después del conflicto armado, nuestro país vive una de las peores épocas de su historia.

@juanlemus9