Los casos judiciales que iniciaron en 2015 y siguieron en 2016 nos permiten confirmar algunos de los enormes flagelos que sufrimos y que hace décadas se venían denunciando. La diferencia es que ahora hay investigaciones sustentadas con pruebas fehacientes que los confirman. Falta ver si en 2017 se llega a la etapa de los juicios orales y a la emisión de sentencias o seguimos a merced de los mecanismos de impunidad.

Si pudiéramos agrupar los casos, no por importancia sino por modalidad o tipo de delito, tenemos en primer lugar una serie de procesos en los que aparecen personas que se enriquecieron ilícitamente utilizando para ello la función pública. En este grupo se encuentran funcionarios de gobierno, diputados, jueces, alcaldes, miembros de corporaciones municipales y de entidades autónomas. Claramente el trasfondo del asunto tiene que ver con un sistema electoral y político que está diseñado para tomar por asalto al Estado y no para fortalecer la democracia ni lograr el bien común.

En términos generales, estos procesos han demostrado cómo al llegar a ocupar un cargo público el patrimonio personal se acrecienta a través de los jugosos “negocios” que se realizan en todas las esferas (salud, educación, comunicaciones y obras públicas, licitaciones, compra de equipo tecnológico y un largo etcétera), a través de las “plazas fantasmas” o por la vía de sentencias a la carta.

El pago de facturas políticas a los financistas es parte del botín y se traduce en beneficios directos para quienes contribuyeron a las campañas políticas con aportes en efectivo y en especie. Si no, veamos la irrisoria cifra que el señor de los canales pagó al Estado por la renovación de las cuatro frecuencias de televisión abierta o los contratos millonarios que recibió en pauta gubernamental.

Un segundo grupo está constituido por personas vinculadas al mundo empresarial en su más amplia expresión. Señores y señoras que en su momento dirigieron grandes capitales (tradicionales y emergentes) y se dedicaron a la compra de voluntades para ser beneficiados con licitaciones públicas, exoneración de impuestos, compras directas por montos millonarios e incluso contrataciones con dedicatoria. A eso hay que sumarle los procesos por defraudación aduanera y tributaria.

En tercer lugar, están los casos vinculados a los favores judiciales y al sistema para garantizar impunidad. Aquí el mejor ejemplo es la sentencia condenatoria en contra del expresidente del Congreso Gudy Rivera, quien habría presionado a la exmagistrada Claudia Escobar para lograr una resolución favorable a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, lo que hubiera garantizado a la jueza su reelección. También el proceso denominado “Bufete de la Impunidad”, que pone sobre la mesa el tráfico de influencias que existe entre oficinas de abogados y operadores de justicia. El telón de fondo, reiteradamente denunciado, son los vicios en la elección de magistrados a través del mecanismo de comisiones de postulación, la connivencia entre grupos gremiales y facultades de Derecho (que tienen decano, aunque no tengan alumnos) y la politización de la academia. De otra manera resulta impensable que la Corte Suprema de Justicia se tome entre ocho meses y un año para resolver una solicitud de antejuicio o que las salas de apelaciones admitan para su trámite amparos frívolos e improcedentes.

Además de sentencias ejemplarizantes, que permitan sentar precedentes, es necesario cambiar las reglas del juego para evitar que los vicios se sigan repitiendo, aunque varíen los nombres y los rostros.

@MarielosMonzon