EDITORIAL

Ambiciones que agravan la crisis

El problema del sistema nacional de salud difiere en poco de lo que ha venido ocurriendo en muchas otras dependencias, un deterioro generalizado por años de abandono y latrocinio, al que se unen la mala intención con la que actúan muchos funcionarios y un alto número de dignatarios.

El presidente Jimmy Morales comunicó la semana anterior a los periodistas el más reciente cambio de su gabinete, el relevo del ministro de Salud Alfonso Cabrera, quien renunció al cargo y fue sustituido por Lucrecia Hernández Mack, quien prestó juramento junto a sus viceministros técnico y administrativo, y de paso informó que se suprimirán los viceministerios de Atención Primaria y de Hospitales, para evitar la duplicidad de la burocracia.

El mandatario también aprovechó la ocasión para dar a conocer los escandalosos números que se refieren a las más de mil 200 citaciones que diputados han hecho a diferentes funcionarios, pero principalmente al responsable de la cartera de Salud, una de las que manejan millonarios recursos en la adquisición de medicamentos, lo que podría explicar en parte la insistencia de algunos legisladores.

Ese es el componente que se une a la incapacidad de algunos funcionarios por afrontar con carácter esas intenciones extorsivas que surgen desde el Parlamento y que hasta ahora muy pocos se han atrevido a denunciar, con lo que no solo le hacen daño al sistema sino que en cierto modo estimulan la continuidad de esa repudiable práctica.

En esa problemática tienen mucho que ver los políticos, principalmente quienes desde el Organismo Ejecutivo han ubicado piezas poco profesionales, por su incapacidad manifiesta para enderezar el rumbo y por la falta de carácter para asumir un cambio en la administración pública.

Eso es lo que hizo diferente en su primera comparecencia ante los medios la nueva ministra de Salud, al anunciar la supresión de oficinas que hasta ahora solo duplican las funciones y permiten que el clientelismo continúe facilitando la intromisión desde las altas esferas públicas.

Quizá no será fácil llevar a la práctica esas medidas, ya que cuestiones legales podrían entorpecer su materialización, pero si la nueva funcionaria está plenamente convencida de que es posible realizarlo, esto puede redundar en un sensible ahorro de recursos y en reducirle espacio a la corrupción.

Eso se pudo haber hecho mucho antes, y ahora se ha acentuado una crisis que encima se agrava con el acoso de los diputados, que es el segundo punto concreto que debe asumir la nueva funcionaria, denunciar a quienes conviertan las citaciones en actos de chantaje, porque esta ha sido una de las modalidades que muchos diputados se resisten a abandonar.

Suficientes problemas enfrenta ya el sistema de salud como para que a ellos se sume el hostigamiento de diputados como Luis Hernández Azmitia, quien no parece tener claridad sobre el efecto nocivo que su sospechosa insistencia provoca para superar la crisis. No es creíble que bajo el pretexto de la fiscalización se incurra en exageradas e inexplicables citas a funcionarios.

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