Opinión

hagamos la diferencia

Antejuicio ¿para quién?

Samuel Reyes Gómez

Samuel Reyes Gómez

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Derecho de Antejuicio

El ser humano ha creado a lo largo de su existencia estructuras de poder que han permitido la exaltación de unos por sobre los otros, creando privilegios que en muchos de los casos son desmedidos, inmerecidos, brutales y sanguinarios. Esto ha provocado un clima de inseguridad, dentro y fuera de las comunidades en las que convivimos.

Como en otros países, en Guatemala se creó el derecho del antejuicio. Según el decreto 85-2002 del Congreso de la República 2002, “El Derecho de Antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República de Guatemala o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable”. Es increíble la forma como está redactado este concepto en la ley, otorga en sobremedida privilegios para delinquir.

Buena culpa de lo que estamos observando en los casos de corrupción, que apesta, y arrastra a cuanto funcionario público ostenta el poder la tienen leyes como esta, hechas a la medida para proteger a funcionarios públicos, quienes cual marionetas se dejan manejar por los poderes económicos, políticos y del crimen organizado que han puesto de rodillas al país. De acuerdo con la Ley, en Guatemala gozan de dicho privilegio el presidente, el vicepresidente, sus respectivos secretarios privados, los ministros, los alcaldes, los diputados, los magistrados y jueces del Organismo Judicial; los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, el Fiscal General, el procurador General, el procurador de los Derechos Humanos, el contralor General de Cuentas, los gobernadores, los alcaldes y los candidatos a cargos públicos electos popularmente, entre otros.

Con bombos y platillos se anunció que en próximas reformas se estaría pidiendo la eliminación del antejuicio a ciertos funcionarios. Al leer los cambios propuestos se observa que nuevamente gran parte de los funcionarios quedan aún protegidos por este derecho. En los primeros días después del anuncio realizado, los alcaldes del país solicitaron al presidente que no se les retirara ese privilegio, fiel a la condescendencia política que priva en este país; el presidente les aseguró que se pronunciaría para que no les fuera retirado. Acto seguido los señores gobernadores se pronunciaron también al respecto, solicitando no perder esta prerrogativa de la que gozan; nuevamente el apoyo es ofrecido.

Lo mejor que podría suceder en esta materia, para el país, es que sea eliminado a todos por igual el derecho al antejuicio, inclusive hasta al presidente y vicepresidente, para que mediten cada uno de los actos que realizan. Considero que el presidente debería ser el primero en dar el ejemplo, pues se supone es el líder máximo de la Nación, y esta es una oportunidad de demostrar que es cierto su estribillo de “ni corrupto ni ladrón”, pues a nadie le queda la menor duda de que a su alrededor existen aún personas que desean seguir mamando de la ubre gubernamental.

Mientras tanto, el silencio priva y las reformas duermen nuevamente el silencio de los injustos. ¿A qué le temen? Recuerden que el que nade debe, nada teme, dice el refrán.

samreygo@yahoo.com