¿Cómo queremos llegar a tener certeza jurídica si no hacemos nada para conseguirla? ¿En qué organización humana puede exigirse certeza si hay cambios arbitrarios de quienes deben decidir y esos cambios son caprichosos?

Dejar el tema de la certeza legal o jurídica solo a los abogados es un grandísimo error, debemos entrar en el debate y en la discusión porque el derecho debe garantizar orden por medio de procedimientos claros y sencillos, sin orden no hay sistema que se mantenga, basta recordar que el Gobierno y el Congreso boicotearon la reforma constitucional porque lo menos que quieren es uniformidad e independencia judicial.

Los temas jurídicos en el país “tienen épocas de moda”, y por eso debemos ser más serios, esperar milagros donde no hemos movido un dedo para crear estructuras que permitan exigir certeza es absurdo, veamos los ejemplos de tierra, agua e impuestos.

Si somos un país capitalista que respeta la propiedad privada y la libertad de comercio e industria y a la vez somos principalmente agrícolas sería lógico suponer que contáramos con verdaderos esfuerzos por crear un régimen que logre brindar seguridad a todos quienes son dueños de la tierra; sin embargo, el Registro de Información Catastral (RIC) es de aquellas instituciones guardadas y olvidadas con metas absurdas y que, a la fecha, se conoce de ella solo por sus altísimos niveles de corrupción, discrecionalidad e ineficiencia.

No puede existir un sistema que garantice la propiedad sobre nuestras propiedades inmobiliarias sin un catastro seguro y eficiente, por otra parte, no hay posibilidad de impulsar políticas públicas que nos beneficien a todos sin información catastral. A la fecha el Registro General de la Propiedad, tanto el de Guatemala como el de Quetzaltenango, funcionan ajenos al RIC, además los municipios catastrados por el RIC son una burla para los millones de millones invertidos, sin perjuicio de que existen serias dudas sobre el trabajo desarrollado.

Si la propiedad de la tierra no tiene certeza hablemos del uso del agua. La ley de aguas que exige la Constitución desde 1986, a la fecha duerme en el Congreso porque allí ya sabemos cómo funciona la cosa. Basta percatarse que en varias zonas de la capital hay proliferación de construcción de edificios y condominios y a todos nuestra Municipalidad les dice que hagan su pozo porque Empagua es de aquellas instituciones antañonas que le brinda el servicio a quien le da la gana y también es un centro de negocios bastante opaco. El negocio del agua es un negocio oscuro y, mientras tanto, que cada quien vea cómo se agencia del líquido. Hablar del agua para grandes plantaciones es subversión y así el líquido, cada vez más escaso y contaminado, se vuelve un lujo sin que las autoridades muevan un dedo. Amatitlán es el mejor ejemplo de lo que señalamos.

Por último, ¿cómo queremos obtener certeza si, de buena o mala fe, las entidades públicas pueden hacer lo que les da la gana? Hace unas semanas trascendió que una gerencia de investigaciones de la SAT era ilegal, de hecho, el propio superintendente debió salir en medios explicando lo inexplicable, pero el punto importante del asunto es que a la fecha ¿dónde está toda la información que fue obtenida? En un país serio, la información obtenida de manera ilegal de cualquier contribuyente estuviera a disposición de ese contribuyente, o por lo menos, bajo depósito judicial, acá de titulares de prensa no pasamos.

Los escándalos son del orden del día y los políticos son especialistas en sus promesas para darnos cuentos chinos y, por supuesto, dejar que el país “se arregle solito”.

@Alex_balsells