EL COMITÉ DE DESARROLLO Campesino (Codeca), con sede en el Cantón Santa Cristina, envió ayer un mensaje oficial, aunque sin identificación, acerca de los motivos de la movilización de ayer, iniciada desde varios puntos de la metrópoli. La propuesta, realmente, exige un Estado nuevo rector de un país sobre bases distintas. A causa de la facilidad con la cual un grupo ciudadano integrado por un número reducido pero organizado de personas tiene la posibilidad de paralizar al país y de provocarle daños muy serios a las posibilidades de avances sociales y económicos, y a la falta de una explicación de cómo piensan presionar, creo urgente una presentación clara tanto de los supuestos beneficios como de las consecuencias, inevitables e incontrolables, y también de quién los financia.

EN BREVE RESUMEN, a) apoya a la Cicig y al Ministerio Público; b) exige la renuncia del presidente Morales y de su gabinete, por “indicios de corrupción”, así como por complicidad con la evasión fiscal implícita en la condonación de deudas fiscales a 216 empresas; c) exige llevar a los tribunales y encarcelar a “los 110 diputados que recibieron 40 mil dólares por el contrato anómalo con Odebrecht”, así como indagar a los jueces “vinculados a prestarse a perseguir a los defensores de derechos humanos; d) conmina a la Universidad de San Carlos a pronunciarse “ante los hechos de corrupción en los tres organismos del Estado” y e) señala “que urge nacionalizar la energía eléctrica y los patrimonios naturales, una reforma agraria y una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional”.

COMO QUEDA CLARO, por su variedad y complejidad, las exigencias de hecho derrumban el andamiaje legal del país, cuya calidad de maltrecho es el resultado de la mala calidad humana de demasiados de sus integrantes, mezclada con la corrupción, ahora situada en la vorágine en todo el continente americano. Algunos de los criterios pueden ser motivo de discusión, como el caso de las condonaciones a impuestos o investigar los sobornos para un alto porcentaje de los diputados. Ante el ataque contra la Cicig y el MP, colocarse en su defensa le otorga a Codeca una imagen favorable en un importante porcentaje de la población. Pero el resto de exigencias van desde un riesgo para el futuro económico del país, y sus consecuentes factores sociales, hasta la imposibilidad total.

NACIONALIZAR LA ENERGÍA eléctrica, es el primer asunto cuya racionalidad es inexistente. El Estado guatemalteco está desde hace años dirigido por gente llegada por compadrazgo en un porcentaje abrumador de casos. De la energía depende todo, y si bien no se justifica el cien por ciento de las decisiones y acciones relacionadas con este tema, la eliminación del capital privado es absurda porque lleva sin misericordia al atraso. También es insostenible hablar de una nueva Constitución, a causa de la ausencia de partidos políticos reales, y de dirigentes serios con un mínimo de interés en el país. Si hacerle cambios a la Constitución es riesgoso, proponer siquiera derogarla y hacer otra, provoca pánico por la evidente incapacidad de ver hacia el futuro inmediato, mediato y a largo plazo.

ESTA SIMPLEZA MANIQUEÍSTA, reductora de todo a calificar de cien por ciento bueno algo y cien por ciento malo lo otro, contribuye a debilitar al máximo los argumentos presentados por los dirigentes codequistas aún no identificados. Ciertamente, la discusión es necesaria y hasta urgente, pero debe ser planteada con seriedad. La forma de presentar sus argumentos provoca temor ante las consecuencias, lo cual lleva al rechazo y a la división. Si este es el objetivo, lo actuado cumplirá su cometido. Pero si no es así, insistir en esas presiones causantes de inquietudes económico-sociales constituye prueba de incapacidad, por no decir de mala fe. Los problemas nacionales no se solucionan con simple buena voluntad, sino necesitan de actuar con serenidad y viendo al futuro.