La municipalidad capitalina anunció el miércoles pasado que intentará suscribir un convenio con el Ejército de Guatemala para apoyar el establecimiento de las llamadas Brigadas Militares de Seguridad en varias zonas rojas citadinas. El Concejo, como siempre, aceptó sin chistar la idea de Álvaro Arzú, quien tiene la pretensión de “facilitar la labor de las tropas de la Primera Brigada de Infantería Mariscal Zavala, que para el efecto se ubiquen temporalmente en lugares estratégicos del municipio de Guatemala que registran altos índices delincuenciales”.

El proyecto del alcalde tendría efecto en las zonas 7 y 21, donde ya hay patrullaje militar y policial combinado, debido a la proliferación de hechos violentos. Sin duda, el anuncio levantará aplausos entre los ciudadanos que enfrentan el despiadado azote de asaltantes, extorsionistas y secuestradores.

Sin embargo, la propuesta de Arzú y su séquito demuestra que no están enterados de algunas potencialmente serias consecuencias internacionales, porque significa la violación de acuerdos suscritos en el 2014 entre Guatemala y Estados Unidos, según los cuales fue establecido un cronograma para reducir la presencia del Ejército en funciones de seguridad ciudadana, hecho conocido por las autoridades castrenses.

Tal acuerdo se debió, entre otras causas, a que se acusaba a Guatemala de haber incumplido con un acuerdo para el resarcimiento a las comunidades afectadas por la construcción de la presa de Chixoy, establecido entre ambas naciones en abril del 2010, lo que restringía la ayuda militar al país, según indica la sección 7044, inciso c, del acta del Comité de Apropiaciones del Senado estadounidense. Se acordó además que el Ejército cooperaría con la persecución a violaciones a los derechos humanos y liberaría información documental de sus archivos confidenciales.

Aunque la iniciativa de Arzú parezca necesaria y oportuna, sus consecuencias pueden afectar a todo el país, lo que el gobierno de Jimmy Morales debe revisar detenidamente. Romper acuerdos con Washington y contradecir al poderoso Comité de Apropiaciones —ente que define la ayuda exterior e influye grandemente en las decisiones legislativas— no es una idea razonable cuando se avizora una enorme presión oficial estadounidense contra los indocumentados de países como Guatemala.

Llama la atención que Arzú pretenda congraciarse con el Ejército al suscribir este acuerdo extemporáneo y que coincide con la pérdida de gobernabilidad del terco alcalde en el ocaso de su vida política. Por eso es irónico que busque ahora aliarse con la institución castrense para obtener réditos políticos. En su momento fue el principal promotor del desmantelamiento del Ejército. Esto dejó a los presidentes del país cada vez más en manos de políticos y de empresarios, tema claro ante los sucesos descubiertos en los últimos dos años.

La seguridad debe ser una tarea de la Policía Nacional Civil, como lo ordena el marco jurídico. Que el alcalde rearme a la policía municipal y ahora quiera aliarse al Ejército, que en su momento aborreció, es un nuevo tema de agenda política cuyas implicaciones no deben pasar inadvertidas.