El Congreso se debate en el ojo de una de sus más impredecibles tormentas, provocada por la novatez, impericia y afanes rufianescos de la mayoría de sus integrantes y por los decisivos embates de la justicia, que estrecha el cerco sobre quienes han convertido el Legislativo en uno de los mayores centros de abuso de poder.

En el primer caso, los mismos diputados se obstinan en zancadillear su propia labor, con iniciativas impertinentes, mal intencionadas y con garrafales inconsistencias que hasta han provocado la reacción de organismos internacionales que se han pronunciado en contra de algunos de esos proyectos.

Dos de los casos más patéticos en esa dirección son la modificación al Código Penal, cuyo principal objetivo es beneficiar a los secretarios generales de los partidos políticos que están en la mira de la justicia, a raíz del financiamiento ilícito en el que incurrieron algunas agrupaciones en la última contienda electoral, lo cual fue ratificado por empresarios bajo proceso.

El otro, más arriesgado, es la pretensión de modificar la Ley de Reconciliación Nacional, que buscaría también amnistiar a militares responsables de delitos de lesa humanidad. Esto no solo es improcedente, sino ha desnudado las perversas intenciones de quienes desde el Congreso buscan legislar en su favor y para beneficiar a potenciales aliados en estériles esfuerzos por detener la lucha contra la corrupción.

Dos reveses jurídicos agitan también los vientos de la inestabilidad parlamentaria. El primero lo dio la Corte de Constitucionalidad, cuyos magistrados ordenaron en una votación unánime que el Congreso cumpla con la destitución de cargos directivos de por lo menos diez diputados que, por ser tránsfugas, tienen vetado el derecho de poder presidir comisiones legislativas o dirigir bancadas, todo eso prohibido por la ley de régimen interior.

El segundo caso afecta directamente a los integrantes de FCN-Nación, un partido nutrido de tránsfugas en el Congreso, que ahora está a las puertas de su cancelación, lo cual automáticamente implica la separación de cualquiera de sus representantes de cargos de relevancia en la junta directiva o comisiones. Este grupo parlamentario quedará a la deriva, en una situación fantasmal, porque también vería imposibilitada su reelección.

En ambos casos sobresale el abuso de poder y la inmoralidad como principal conducta de una clase política que se resiste a ver tanto las abundantes muestras de persecución judicial contra varios de sus integrantes como también el repudio generalizado por sus constantes intentos de legislar a su favor, pese a tener prohibido utilizar sus cargos en beneficio propio, con lo cual también ponen en entredicho cualquier posibilidad de promulgar leyes, a causa de ser amañadas.

NdE: en nuestro editorial de ayer consignamos de manera inexacta que en la legislación española no existe delito de blanqueo de capitales, cuando lo correcto era decir que la justicia de ese país no encontró argumentos válidos sobre ese ilícito, en la solicitud de extradición que el Ministerio Público planteó en contra de Julio Ligorría Carballido, exembajador de Guatemala en Estados Unidos.