Uno de los temas que se aborda de manera recurrente por esta época del año es el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, que en su versión 2019 ya fue aprobada por el Congreso. Empecé a estudiar y analizar minuciosamente este ritual anual desde hace varias décadas y confieso que ya no me despierta interés; que Q100 millones aquí o Q500 millones allá, a tal ministerio le restaron y al otro le sumaron, la recaudación proyectada es tanto y la deuda creció X por ciento.

El motivo de mi desinterés es que he llegado a la conclusión de que los problemas fundamentales del presupuesto y gasto del gobierno son de orden estructural y obedecen a su carácter normativo. Veo el gasto público como un enfermo incurable, porque el diagnóstico es difícil, la medicina es amarga, el paciente no está dispuesto a hacer lo necesario y ni siquiera reconoce que está enfermo. Aunque en la superficie la planificación y elaboración del presupuesto parece ser objeto de un análisis racional sobre la mejor manera de que el gobierno pueda cumplir su misión y objetivos, la realidad es otra. Como ejercicio de comprensión, propongo tres factores abstractos que determinan los problemas estructurales y la ineficiencia del gasto público.

El presupuesto y gasto del gobierno está dominado por la dependencia de ruta. El próximo año se hará lo mismo que el año anterior, pero se le dotará con más fondos. Las burocracias, por regla, no abandonan terreno que ya han ocupado. El ejercicio no consiste en un examen de idoneidad o efectividad y el cálculo consiste en ver cuánto tenían y qué cantidad “necesitan” para el próximo año, que con la certeza con la que sale el sol, será más. No hay un análisis frío de la efectividad del sistema de educación pública, se continuará haciendo lo mismo y todo saldrá mejor si se le da más fondos.

El gasto público carece de mecanismos de corrección. Las empresas comerciales en el mercado cuentan con un certero sistema de corrección de ruta, que es el mecanismo de pérdidas y ganancias. Las pérdidas monetarias le causan mucho dolor a alguien y a las empresas que incurren en ellas, los consumidores rápidamente les retiran el dominio de recursos con el contundente mensaje: ya no puede seguir esa ruta, tiene que cambiar o retirarse. Las ganancias por otra parte, mandan el mensaje contrario: merece ser premiado porque el valor de lo que produce es mayor que el valor de los recursos que emplea, continúe por esa ruta, queremos más. No es que lo que hace el gobierno carezca de valor, sencillamente no cuenta con mecanismos exactos para determinarlo —precios, ganancias y pérdidas— y esto conduce a un enorme desperdicio de recursos sin corrección de ruta. No se recorta lo que no funciona, por el contrario, crece y prospera. Por ello es vital desarrollar instrumentos para la evaluación objetiva de resultados, así como reglas y procesos de corrección. Esto requiere muchos consensos y voluntad política.

Las burocracias crecen, acumulan poder y el gasto público es el resultado de transacción de intereses, muy alejado de los fines legítimos de gobierno. Un ejemplo son los sindicatos de maestros o la Usac, frente a quienes los actores políticos tiemblan y fácilmente acceden a sus demandas. Los resultados y la eficiencia son irrelevantes de cara a su músculo político y capacidad de movilización y choque. El problema es el sistema y no va a cambiar o mejorar con darle más recursos.

Queda aprobado el presupuesto 2019, por Q87.7 mil millones, para seguir haciendo lo mismo, solo que más caro. No hay corrección de ruta ni se ve en el horizonte.

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